Relatos salvajes: la mercantilización total del agua en el área metropolitana de Montevideo 

Carlos Santos[*]* y Javier Taks **

Habiendo sido Uruguay el primer país del mundo en incluir por iniciativa popular el derecho humano al agua en su carta magna, también fue el primero del siglo XXI en dejar a su ciudad capital, Montevideo, y su sistema metropolitano sin agua potable. El 19 de junio de 2023, día de conmemoración del natalicio del prócer José Artigas y Día nacional de los abuelos y las abuelas, el presidente de Uruguay declaró la “emergencia hídrica” en el área metropolitana de Montevideo (en adelante, AMM). La crisis multidimensional del agua potable en donde vive aproximadamente el 60% de la población del país, se había anunciado y se estaba experimentado desde hacía varios meses. La declaración de emergencia hídrica fue una concesión resignada a la realidad por parte del Poder Ejecutivo nacional y una respuesta a las críticas que, desde diversos ámbitos ciudadanos, políticos y académicos, señalaban que el estado no estaba cumpliendo con sus obligaciones en materia del derecho humano al agua, consagrado en la Constitución de la República desde el año 2004.

A partir de ese día, se tomaron varias medidas. Por un lado, se bajaron los impuestos al agua embotellada con miras a hacerla más asequible. También se garantizó la provisión por parte del Ministerio de Desarrollo Social de dos litros diarias de agua embotellada a unas veinte mil personas de grupos vulnerables.  Por otro lado, se flexibilizaron los mecanismos de control del gasto público organizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, para poder construir en “menos de 30 días” un dique de tierra que permite embalsar agua dulce en un río afluente del río Santa Lucía, que provee el agua bruta para la principal planta de potabilización de la empresa pública OSE en la localidad de Aguas Corrientes. Finalmente, se comenzaron a publicar en la página web del gobierno informes diarios con la métrica sobre la calidad del agua distribuida por OSE en cuanto a niveles de sodio y cloruros, la cantidad de agua consumida por la ciudad de Montevideo y el nivel de reservas del lago de Paso Severino, el principal reservorio del sistema de agua potable del AMM.^[2]

Queda claro en una rápida revisión de estas medidas de emergencia, que la crisis del agua potable de 2023 en Uruguay, que ha trascendido fronteras y ocupó titulares en los principales medios internacionales de noticias, involucra muchas dimensiones que en este artículo trataremos de analizar. Debe quedar claro desde el comienzo, que esta crisis coyuntural del agua potable en el AMM es parte de una crisis crónica del agua de más largo aliento en cuanto a su calidad, cantidad y distribución. Más aún, declara el fin del ciclo hidrológico tal cual lo enseñan en la escuela y las universidades, para pasar a entender de forma relacional los ciclos hidro-sociales que tensionan los sentidos del agua como bien común con el agua como bien escaso, económico y mercantilizable. Es que hablar del agua nunca es sólo hablar del agua, sino del orden social y económico y los proyectos en disputa por los futuros sustentables, deseables y posibles.

Dimensión climática: que llueva, que llueva

La variabilidad climática en Uruguay es caótica, aunque los modelos predictivos han mostrado en la última década mayor precisión. Junto con la memoria y registros climáticos, muestran la recurrencia de sequías agrometeorológicas que han sido asociadas, entre otros, con la fase Niña de la oscilación ENOS del Océano Pacífico[3]. Al igual que otras partes del Cono sur de Sudamérica, el país venía sintiendo un creciente déficit hídrico desde 2021 por falta de precipitaciones según los promedios anuales. En el mes de octubre de 2022 se declaró la “emergencia hídrica” para el sector agropecuario, primero en algunas zonas ya tradicionalmente sufrientes y luego en todo el territorio. Esta situación de emergencia se amplió en gravedad, a lo que siguieron decisiones del gobierno -lideradas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- en apoyo a los productores rurales de casi todos los rubros, que fueron adoptadas y comunicadas públicamente en los meses de diciembre de 2022 y enero y abril de 2023.

En vista de este antecedente técnico-político, llama la atención que las autoridades responsables del abastecimiento de agua potable del país no tomaron ninguna medida preventiva hasta que fue inminente el desabastecimiento, en los primeros días de mayo. En ese momento, se solicitó a la población un uso “racional” del agua potable, al tiempo que se anunciaba una capacidad de mantenimiento del servicio por períodos de 30 o 15 días, dependiendo de las regiones. En ningún caso, las restricciones de uso del agua involucró controles a los grandes usuarios de agua en el agronegocio, la agroindustria y la industria, instaladas en las zonas más afectadas dependientes del sistema metropolitano en los departamentos de Montevideo y Canelones, ni tampoco en el entorno de la ciudad de Minas en el Departamento de Lavalleja[4].

 Por el contrario, la posición oficialista consistió en circunscribir la crisis del agua a causas estrictamente naturales.

Dimensión médico-sanitaria: agua dulce, agua salada

En el Aeropuerto de Carrasco, principal puerta de entrada al país por vía aérea, hay dispensadores gratuitos de agua que orgullosamente presentan un cartel de fondo azul con el logo del Uruguay Natural -marca registrada del Ministerio de Turismo- señalando en tres idiomas “Uruguay, país de agua potable”. Desde algún momento a comienzos de mayo de 2023, le sumaron un cartel mayor que casi lo tapa indicando con letras rojas “BEBEDEROS CON AGUA POTABLE DE OSE” y más abajo, con letra negra más pequeña aclara: “IMPORTANTE. Según recomendación del Ministerio de Salud Pública del 9 de mayo de 2023, las personas embarazadas y quienes padezcan una enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o cirrosis deben evitar en lo posible el consumo de agua potable de OSE”. Estas advertencias sobre posibles efectos negativos en la salud humana derivan de decisiones sobre la calidad del agua producida y distribuida por OSE, que se hicieron efectivas sin informar inicialmente a la población (ni a otros organismos públicos).

Una vez que la percepción del sabor más salado del agua se generalizó y comenzó a hacerse público en los medios de comunicación y en las conversaciones (el sabor del café y el mate se volvió “inmundo”), se supo que OSE estaba solicitando a la Unidad Reguladora de los Servicios de Agua y Energía (en adelante, URSEA) y al Ministerio de Salud Pública (en adelante, MSP)[5] autorización para elevar los niveles aceptables de sodio y cloruros, por encima de los estandares de referencia nacional e internacional. La decisión inicial, a fines de abril, fue de aumentar los niveles de sodio de 200 a 280 miligramos por litro, al tiempo que el cloruro se elevó de 280 a 450 miligramos por litro. Pocos días después, en la primera semana de mayo, se anunciaron nuevos niveles. El sodio se elevó a 450 miligramos por litro y el cloruro a 700 miligramos por litro.

La salinidad del agua se explicó por el inicio del bombeo de agua del propio río Santa Lucía, desde un lugar ubicado a 50 kilómetros de su desembocadura en el Río de la Plata, aguas abajo de la represa la localidad de Aguas Corrientes, construida justamente para evitar la intrusión salina, de manera de mantener y quizá aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema de potabilización. Tener mayor almacenamiento, a costa de la calidad del agua, posibilitó seguir distribuyendo agua para uso sanitario e industrial.[6]

El aumento de la salinidad del agua que se entrega por el sistema de cañerías la hizo “apta para el consumo humano” pero no potable, ya que no cumple la normativa de calidad definida por el propio estado. Ante esta situación el gobierno generalizó entre sus funcionarios de primer nivel (Presidencia, OSE, Ministerio de Ambiente) el uso del eufemismo “agua bebible”, diferente del “agua potable”. Esto es, se asumía que si bien el agua brindada por la OSE no cumplía con los estándares de potabilidad, se podía “beber” sin que se registrasen eventos agudos de afectación de la salud. Sin embargo, desde el anuncio del segundo aumento de los niveles de sodio y cloruros, el MSP acompañó con advertencias a determinados grupos de población, por ejemplo, las personas hipertensas, con patologías cardíacas o renales o niños y niñas de menos de 2 años de edad de que, “en caso de ser posible”, no tomen el agua de OSE.[7] Sin duda, el riesgo para la salud humana y para los animales de compañía, fue la mayor preocupación de las personas (Iniciativas Sanitarias, 2023). Hubo varias controversias técnicas, que involucraron a ingenieros, médicos y políticos, sobre las posibles afectaciones a los grupos de riesgo y a toda la población. En este último caso, muchos hemos descubierto a los trihalometanos, compuestos químicos con potencial cancerígeno por consumo o respiración a largo plazo, derivados del proceso de potabilización de agua que aumentan significativamente con mayores cantidades de cloruros en el agua bruta (Ríos, 2018)

 Las conversaciones y preocupaciones sociales han estado centradas en las diferentes estrategias de las personas para hacer frente a la “novedad” del agua. Por un lado, primó la duda permanente sobre la afectación a la salud.  Por otro lado, se generalizaron a través de redes sociales algunas advertencias sobre el aumento de la conducción eléctrica del agua de canilla y su riesgo para los sistemas de calentamiento de agua de los sectores populares[8]. Como veremos más abajo, la salinidad del agua también implicó problemas, estrategias novedosas y aumento de costos a nivel industrial y comercial, especialmente en el rubro gastronómico.

Dimensión económica y tecnológica: el experimento cornucopiano

El aumento de la salinidad del agua en la crisis del agua potable no tiene sólo una faceta sanitaria, sino también económica y de disputa tecnológica. Por la vía de los hechos, el abastecimiento de agua potable a la población se mercantilizó y privatizó, fue delegado por el estado en el mercado de agua embotellada, controlado mayoritariamente por tres empresas trasnacionales[9]. La ficción neoclásica de una sociedad de individuos fue implementada por el experimento cornucopiano del gobierno uruguayo de declarar una emergencia hídrica apelando a su solución a través del sector privado. Siguiendo a Guillermo Foladori, se denomina cornucopianos a los exponentes de una corriente de pensamiento sobre la cuestión ambiental que se caracteriza por negar la existencia de una crisis ambiental global y plantear que solamente existen problemas ambientales para los cuáles existen soluciones tecnológicas, que se abrirán camino cuando el mercado determine que la inversión que se requiere es viable para la sociedad.[10]

Vale recordar, como se mencionó en la introducción, que la principal intervención estatal en materia económica, fiel a esta filosofía, fue la decisión de quitar impuestos al agua embotellada para disminuir su costo directo a los consumidores[11]. El agua de las cañerías pasó a ser un agua sanitaria, no potable y destinada a mantener en funcionamiento el sistema de saneamiento y los hábitos de higiene, aunque las autoridades de Salud Pública recomendaban que las duchas fueran cortas para evitar la inhalación de trihalometanos del vapor del agua.

Al respecto, hay que comprender las diversas decisiones económicas y controversias técnicas y tecnológicas en un contexto de crecientes iniciativas privadas en el sector del agua y el saneamiento, que incluyen tecnologías desalinizadoras, plantas de tratamiento de aguas servidas, entre otros. La instalación de un gobierno conservador en 2020, luego del cierre del ciclo progresista en Uruguay, ha estado acompañado por una nueva narrativa con relación al agua. Al tiempo que se abona el relato de la “escasez de los recursos hídricos” por el cambio climático, promotores privados presentan iniciativas para potabilizar agua del Río de la Plata como la “Iniciativa privada Neptuno” (desde ahora Proyecto Neptuno).[12]

Al menos desde 2015, algunos actores del sistema político uruguayo han promovido las tecnologías desalinizadoras como alternativas para el “problema” del agua potable en el país. Uno de ellos ha sido el actual intendente del Departamento de Maldonado, Enrique Antía, quien en reiteradas oportunidades ha intervenido públicamente en favor de iniciativas presentadas por empresas e institutos de investigación de origen israelí en pos de la promoción de plantas desalinizadoras de agua. También para el Departamento de Canelones se ha manejado la opción desalinizadora[13]. El contexto de la sequía y el cambio climático, juntamente con el experimento de cambio de los parámetros de calidad del agua, podría ser aprovechado para allanar el camino para las iniciativas privadas. Nada sería más favorable para los intereses de los promotores de las plantas desalinizadoras o sistemas limitados de potabilización -como veremos es el Proyecto Neptuno-, que contar con un precedente en la propia gestión público-estatal de entregar agua con niveles de salinidad por encima de lo permitido hasta ahora. Aumentar los parámetros de salinidad podría significar aumentar el margen de viabilidad para los inversores privados.  Si a mediano plazo esta hipótesis se constatara, la calidad del agua y la salud pública de la población habrían sido la moneda de cambio.

El Proyecto Neptuno tiene como idea central la instalación de una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata, no desalinizadora, que se conectaría con el sistema metropolitano para ser usado durante eventos de sequía o déficit hídrico que disminuyan el caudal y reservas en la cuenca del río Santa Lucía. Este proyecto dejó en pausa otro proyecto al interior de OSE, que propiciaba la construcción de un embalse cerca de las nacientes del río Santa Lucía, que ya contaba con estudios de factibilidad, ambientales y tenía financiamiento de Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) al momento del cambio de gobierno. El Proyecto Neptuno incluye la toma de agua del Río de la Plata en la costa de la playa Arazatí en el Departamento de San José, la planta potabilizadora, la cañería de 70 km, un sitio de disposición de lodos y un polder o piscina de reserva de agua dulce, para cuando haya niveles demasiado altos de salinidad.

El Proyecto Neptuno ha sido presentado por el consorcio «Aguas de Montevideo», conformado por cuatro empresas privadas nacionales. Este se valió de una ley (Nº 17.555) de promoción de las asociaciones público-privadas, bajo la figura de iniciativa particular ante el Estado. La ley fue votada durante los primeros años del siglo, pero el procedimiento fue avalado por el actual gobierno que lo ha convertido en su buque insignia de política ambiental. Se trata de una inversión histórica para el país, estimada en 300 millones de dólares, en un emprendimiento que será diseñado, construido, operado y mantenido por privados, quienes serán los principales beneficiados desde el punto de vista económico, a lo largo de 20 años. Por su parte, toda la población uruguaya se verá afectada directamente con el aumento de la tarifa del servicio de agua potable, por una falsa solución que si entra en funcionamiento requerirá otros desembolsos millonarios para potabilizar agua con mayores niveles de salinidad o con toxinas de las cianobacterias.[14]

Al respecto varios informes técnicos, de la academia e incluso el propio Informe de Evaluación Ambiental que presentó el consorcio empresarial, señalan que el emplazamiento no es el más indicado para bombear agua para potabilizar, por las condiciones de salinidad del estuario platense y por la frecuente presencia de cianobacterias en la zona, producto de la actividad agrícola local pero también por la llegada de las aguas de toda la Cuenca del Plata a través de la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay.  Más aún, hay incertidumbre entre los expertos, de los efectos contaminantes en las costas uruguayas que podría acarrear la extensión en marcha del colector de aguas servidas en Buenos Aires.

En zonas desérticas sin otra fuente de agua, recurrir a la tecnología de la desalinización muchas veces es la única opción de acceso al vital elemento. En territorios como el nuestro, densamente irrigado por cursos de agua dulce, implementar políticas de protección de las fuentes de agua para consumo humano parece mucho más coherente y atinado. Sin embargo, como ha planteado Eduardo Gudynas, el Proyecto Neptuno puede constituirse en la “gran renuncia ambiental” del Uruguay[15], en el sentido de abandonar efectivas políticas de gestión ambiental en las cuencas de agua dulce. El saludo de bienvenida a la “fuente infinita” de agua, como el establishment nombra al Río de la Plata[16], es simultáneamente declarar la escasez permanente y darle la espalda a los territorios que sufren los impactos sociales y ambientales del agronegocio. Esos territorios, como la propia cuenca del río Santa Lucía, constituirá, en definitiva, zonas de sacrificio para que la riqueza hídrica del país sea acaparada por los empresarios del agronegocio y la agroindustria. Al decir de Marcel Achkar, investigador de la Udelar: «Abandonar el Santa Lucía es la peor estrategia que podemos hacer como país, porque, a pesar de todos los problemas que hoy tiene, nos permite disponer de agua de excelente calidad.»[17]

Entonces, el mito de la fuente infinita de agua bruta del Río de la Plata para potabilizar, como narrativa cornucopiana presentada tanto por las autoridades de OSE, así como por el propio presidente de la República, ha generado resistencias populares y ha puesto en foco la discusión en torno al agua como un recurso económico o como un bien común.

Para complejizar aún más la situación, recordemos que una de las medidas anunciada a mediados de junio y ya en ejecución, ha sido la construcción de un dique y embalse en el río San José, que mediante un trasvase de microcuencas, estaría proveyendo una buena cantidad de agua dulce aguas abajo de la represa de Aguas Corrientes, que se mezcla con el agua del Río de la Plata para disminuir los niveles de salinidad. Esta obra, que se realizó sin estudio de impacto ambiental, contrarreloj y con una inversión pública sin contralor por ser de emergencia[18]; ha generado inquietud y movilización de productores rurales que también reclaman por su derecho al agua para consumo humano, vis-a-vis el derecho de los habitantes urbanos del AMM, así como por medidas de mitigación por la pérdida de biodiversidad en sus predios y en el área protegida de los Humedales del Santa Lucía.

Dimensión política: no es sequía, es saqueo

Impugnando la idea de “escasez” de agua por razones supuestamente naturales, los colectivos nucleados en torno a la defensa del agua y de la vida han instalado la consigna “no es sólo sequía, es saqueo”[19], colocando en el centro la discusión acerca del patrón de acumulación vigente en el país desde la última dictadura militar. El debate evidencia además los efectos que toda la sociedad y el ambiente deben enfrentar como consecuencia del avance del agronegocio sojero, arrocero, forestal y ganadero intensivo.

Esta consigna que colocan los colectivos movilizados impugna el orden establecido de manera hegemónica sobre el ciclo hidrosocial a lo largo del siglo XXI (Santos y Vázquez, 2023).[20] El carácter hegemónico del ciclo hidrosocial en Uruguay desde el Plebiscito del Agua en 2004, ha estado pautado por la despolitización del agua (Vazquez, 2021) y su restricción al campo supuestamente neutral de la discusión técnica acerca de “qué hacer” con el agua. Como ha señalado Vázquez, esa despolitización del agua llegó a su punto máximo durante el proceso de discusión y aprobación en 2017 de la Ley de Riego[21], aún durante el ciclo progresista. En ese contexto, la argumentación científica sobre los riesgos ambientales del embalsamiento de agua, la crítica económica y la contestación ecológico-política sobre la iniciativa, fueron dejados de lado con el argumento final de la “evolución tecnológica” para superar cualquier límite.

La escasez de agua potable para consumo humano, registrada en los primeros meses de 2023, vino a reponer dramáticamente la dimensión política, económica y social del ciclo hidrosocial. Desde el momento en que se anunció oficialmente el fin de la prestación de agua potable, se desplegaron una serie de movilizaciones y asambleas territoriales de carácter inédito para la historia del país en materia de conflictividad ambiental (Santos, 2020). Al inicio fueron realizándose de manera autoconvocada a través de redes sociales virtuales concentraciones y marchas hacia puntos específicos (como el Ministerio de Salud Pública, la sede de Obras Sanitarias del Estado, la Presidencia de la República o la residencia presidencial). Luego emergió, como parte de la dinámica de protesta, una serie de cortes de calles y avenidas denominados “bidonazos” por la utilización de bidones de agua embotellada vacíos para acompañar sonoramente las movilizaciones. En estas movilizaciones fue donde se generalizó la consigna “no es sequía, es saqueo”. El autodenominado “movimiento de personas autoconvocadas por el agua” fue ampliando su alcance territorial y en ese sentido comenzaron a realizarse intervenciones en peajes sobre rutas nacionales, sobre todo las que salen desde Montevideo hacia el este, en la zona costera del departamento de Canelones, zona también afectada por la no potabilidad del agua. Estas dinámicas de movilización comenzaron a combinarse con la emergencia de asambleas barriales en diferentes puntos de la ciudad y el área metropolitana, donde vecinos y vecinas, también de manera autoconvocada, comenzaron a reunirse para intercambiar sobre la situación y discutir alternativas.

El diagnóstico de la condición de “saqueo” del agua por parte de las empresas y actividades extractivas, fluyó como agua en las distintas conversaciones e intercambios registrados en estas actividades.[22] Esta apertura a la repolitización del agua por parte de la sociedad podría marcar un quiebre con el proceso de despolitización que se describió anteriormente. La no potabilidad del agua conectó esta lucha contra el saqueo territorial con la resistencia a la privatización del servicio público de agua y saneamiento que condujo al plebiscito de Reforma Constitucional de 2004. En este sentido, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (en adelante, CNDAV), colectivo que impulsó aquel plebiscito, está siendo bisagra entre la memoria de la movilización de comienzos de siglo XXI y el amplio abanico de expresiones de movilización popular más espontáneas que se desplegaron durante esta crisis hídrica.[23]

Una de las demandas de los grupos movilizados ha sido el respeto por los espacios de participación ciudadana establecidos en la legislación uruguaya desde el 2004 y reafirmada en la Ley N.º 18610, Ley de Política Nacional de Aguas, que reglamentó su contenido. Es que los Comités Regionales de Recursos Hídricos y los Consejos de Cuenca, establecidos en este marco normativo[24], no fueron convocados durante la crisis del agua potable, ni lo fueron tampoco frente a la emergencia climática agropecuaria, para analizar las medidas que fue desplegando el gobierno y la OSE especialmente en la cuenca del río Santa Lucía. Recién el 21 de junio de 2023, dos días después de haberse declarado la emergencia hídrica, se convocó por primera vez para tratar esta situación al Comité Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo en conjunto con la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía. Una sala pequeña, prevista para reuniones de corte técnico o burocrático, se desbordó con la presencia de integrantes de diferentes colectivos de la cuenca expresando su preocupación ante la gravedad de la situación.

En particular, la CNDAV presentó un conjunto de 10 medidas para hacer frente a la emergencia. Mientras tanto en la calle, afuera de la reunión, se realizó una movilización de autoconvocados denunciando la lentitud e inoperancia del gobierno ante la dramática falta de agua. Algunas de las medidas planteadas incluían: aumentar “en forma urgente recursos e ingreso de personal a OSE” especialmente para poder hacer frente a las pérdidas técnicas de agua potable que alcanzan 50%; habilitar “tanques cisterna con agua potable segura en todos los barrios y localidades del área metropolitana”; “suspender el cobro de la tarifa de OSE hasta que no se distribuya agua potable segura”. Además, se proponía abordar la cuestión del uso desigual del agua y hacer cumplir el mandato constitucional de anteponer el consumo humano sobre el uso económico y lucrativo del agua, exigiendo “decretar que las empresas embotelladoras renuncien al lucro mientras dure la emergencia y distribuyan el agua al costo embotellado” y “suspender el uso de agua dulce a empresas con fines productivos no alimentarios y a las que no brinden servicio de primera necesidad para la población hasta que se normalice la situación y garantizar el seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida”. Conectando las dos discusiones, salinidad y privatización, el colectivo exigía la suspensión de “la licitación del Proyecto Neptuno” y “declarar en sesión permanente el Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo para planificar, gestionar y controlar que se cumpla con el derecho humano al agua potable para toda la población”.[25]

Para sorpresa incluso de algunos representantes estatales, una resolución del Poder Ejecutivo prohibió a representantes de los ministerios y de OSE que se manifestaran sobre la situación, amparados en que la declaratoria de emergencia hídrica implicaba que solamente la Presidencia de la República podía brindar la posición oficial. Es así como, en medio de la crisis hídrica y de agua potable más grave en la historia del país, ni el Ministerio de Salud Pública ni el propio organismo encargado de la prestación del servicio de agua potable, se hicieron presentes en el ámbito de participación multiactoral establecido por la Constitución y la Ley para llevar adelante la gestión del agua en el país. Una semana después se volvió a convocar a la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía y allí las organizaciones de la sociedad civil hicieron pública una declaración en la que sostuvieron que el Poder Ejecutivo “no tiene propuestas ni ideas, no asume la gravedad de la situación sanitaria del país y vacía los espacios participativos dando la espalda a las organizaciones sociales”.[26]

Esta combinación de vocabularios de protesta (Guha, 1995) permitió poner en cuestión el proceso de despolitización del agua, dejando en evidencia la inoperancia estatal ante la emergencia y quizá sentó las bases para exponer la dinámica de saqueo del agua en el país. Instalar la idea que se trata de una acción deliberada de saqueo de las cuencas productoras de agua dulce fue el paso inicial para asumir mayor compromiso y protagonismo en defensa del agua. Cambiar la manera en que producimos y vivimos no sólo es posible, es apremiante. El devenir de este malestar aún está abierto.

Conclusiones

En 2014, celebrando los 10 años del plebiscito del Agua en Uruguay, escribimos el prólogo a la tercera edición del libro “Las Canillas Abiertas de América Latina. El agua como bien común y derecho humano” (Santos et al., 2014), una publicación donde se pasa revista a los conflictos y la gestión del agua en la región y más allá. Allí señalamos los cambios y tendencias en los servicios de agua, en el gobierno del agua y en la puesta en práctica de la gestión integral de los recursos hídricos, que no habían sido claramente visualizados a comienzo del siglo. La actual crisis hídrica en Uruguay nos brinda ejemplos de que dichas tendencias están aún vigentes.

Decíamos que la privatización del agua siempre adquiere muchas formas. Que, ante la resistencia planteada a la propiedad privada directa de las empresas en los años 90, el proceso privatizador avanzó en muchos casos hacia el control tecnológico y la tercerización de operaciones. El Proyecto Neptuno es justamente eso: una venta de know how y una tercerización por 20 años. Agregamos que la institucionalidad de estas formas de privatización se basan en el paradigma de las Asociaciones Público-Privadas (Mazzucato et al., 2023), donde el estado corre con los mayores riesgos (no poder brindar un servicio de calidad cuando más se necesita) y las ganancias van para el sector privado (casi 57 millones de dólares al año en este caso para el consorcio Aguas de Montevideo).

Anunciamos que en paralelo a las viejas y nuevas formas de privatización se veían procesos de re-estatización y re-municipalización de los servicios de agua y saneamiento en la región y en el mundo, pero que había una gran dificultad para construir una alternativa ética donde la solidaridad contrarreste el lucro, la efectividad social a la eficiencia económica y la transparencia al secretismo. Estos procesos “significan una articulación mayor y compleja entre ciudadanos usuarios, directivos de empresas públicas y los trabajadores.” Pues bien, que el gobierno conservador pueda llevar hoy día adelante procesos acelerados de privatización se debe, parcialmente, a que durante los gobiernos progresistas no se avanzó en dicha articulación, sino que se llevó adelante una gestión crecientemente corporativa, sectorial y poco transparente, que creyó además que con más tecnología y más inversiones en la planta potabilizadora, se podría compensar e incluso neutralizar la degradación del agua bruta del Santa Lucía. Una versión más tecnocrática y menos mercantilista del optimismo tecnológico. Más aún, nunca pudo resolver el problema de la financiación para el mantenimiento y la expansión de las redes de agua y saneamiento, por seguir el mantra de la recuperación total de inversiones, que invisibiliza y no contabiliza los beneficios no financieros del agua potable y el saneamiento públicos, como es la salud pública. Incluso, cuando la reestatización del agua y el saneamiento en el departamento de Maldonado, se usó un modelo público-público que restringe el mecanismo de subsidio cruzado mucho más solidario con aquellos territorios y grupos sociales de menores ingresos o donde el servicio público es “deficitario”.

A principios de siglo, la idea del saqueo de agua a granel de los acuíferos estaba en debate; también el embotellamiento del agua para la venta como agua mineral aparecía como otra forma clara de exportar agua con efectos sociales y ambientales perversos. El riesgo de la exportación directa de agua, ha dado paso en estos años a un concepto más amplio de “agua virtual”, el cual adquirió centralidad para la comprensión de la apropiación privada del agua a través de la producción agropecuaria e industrial. El agua virtual es lo que nos permite conectar los procesos del acaparamiento de tierras y el acaparamiento de aguas, pues sin el recurso tierra los recursos hídricos no pueden materializarse. La privatización y extranjerización de la tierra en Uruguay ha sido creciente y por lo tanto la apropiación de una renta ambiental, en este caso hídrica. Como ya dijimos, la crisis hídrica en Uruguay, la coyuntural de la cantidad y calidad del agua potable del AMM y la crisis crónica de la degradación de los ecosistemas acuáticos, vienen de la mano de la apropiación privada del territorio y de las decisiones privadas de qué, cómo y para quiénes producir fibras, alimentos y bioenergía.

Finalmente, expresábamos nuestra preocupación por las consecuencias ambiguas de la movilización por el agua, pues por un lado las luchas llevaron a una mayor visibilización de la importancia del agua para la vida y fue un hecho la creación de institucionalidad y oficinas especializadas en la gestión del agua, como por ejemplo en nuestro país, la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento y los ya referidos Consejos regionales y las Comisiones de cuenca. Más aún, se avanzó en marcos normativos, planes y programas centrados en el agua, algunos más progresistas y otros privatizadores como la ya mencionada Ley de Riego. Esto muestra avances en visibilizar el problema, pero también surge el riesgo de separar el agua de su entorno y desconectarla de la trama de procesos ecológicos y sociopolíticos, en particular del reclamo por territorios sustentables y contra la concentración de la tierra. La movilización política y ciudadana original durante la actual crisis hídrica en el AMM, corre el riesgo de apagarse cuando el “problema del agua potable” se mitigue y solucione al llegar las esperadas lluvias. Mientras que una mirada holística y relacional de los ciclos hidrosociales permitirá vincular el derecho humano al agua potable y el saneamiento con la injusticia ambiental, la desigual distribución de la riqueza, la educación ambiental y el cuidado entre las personas y el entorno y habilitará alianzas mayores para volcar nuevamente la balanza hacia la concepción y práctica del agua como bien común y derecho fundamental.

Referencias bibliográficas

Boelens, Rutgers (2014) Cultural politics and the hydrosocial cycle: Water, power and identity in the Andean highlands. Geoforum 57: 234–247.

Costabel, Luciano (2023) Detener el abandono. Brecha 17 de febrero de 2023. Acceso: https://brecha.com.uy/detener-el-abandono/

Foladori, Guillermo, (2001) Una tipología del pensamiento ambientalista. En Foladori. G., & Pierre, N., eds., (2001), ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, Trabajo y Capital, Montevideo.

Gudynas, Eduardo (2022) La renuncia ambiental. Brecha. 27 de mayo de 2022. Acceso: https://brecha.com.uy/proyecto-neptuno-renuncia-ambiental/

Guha, Ramachandra (1995) El ecologismo de los pobres. En Ecología Política. Barcelona. Nº 8. (pp. 137-151)

Iniciativas Sanitarias (2023) Sondeo refleja preocupación por la crisis del agua y sus efectos en la salud, la vida diaria y el presupuesto. https://www.iniciativas.org.uy/noticia/sondeo-refleja-preocupacion-por-la-crisis-del-agua-y-sus-efectos-en-la-salud-la-vida-diaria

Larsimont, Robin Sebastien. 2018. «Modelo de agronegocio, agua y ruralidad en los oasis de Mendoza, 1990-2017: hacia una ecología política territorial» http://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/90860.

Linton, Jamie (2014) Modern water and its discontents: a history of hydrosocial renewal. WIREs Water 1:111–120.

Mazzucatto, Mazzucatto; Okonjo-Iweala, Ngozi; Rockström, Johan y Shanmugaratnam, Tharman (2023) Turning the Tide: A Call to Collective Action. Global Commission on the Economics of Water. https://watercommission.org

McGoey, Linsay (2012). The logic of strategic ignorance. British Journal of Sociology, 63(3), 553-576.

Odriozola, J. (2023) El fenómeno de El Niño: lecciones de la sequía en Uruguay. En: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2023/08/el-fenomeno-de-el-nino-lecciones-de-la-sequia-en-uruguay/

Pena, Daniel (2023) “El negocio de las embotelladoras: ganancias y consumo de agua”. En Zur. Acceso: https://zur.uy/el-negocio-de-las-embotelladoras-ganancias-y-consumo-de-agua/

Ríos, Danilo (2018) #AguaPotable – Preguntas y respuestas. En: https://www.257.uy/post/aguapotable-preguntas-y-respuestas (Accesado 21.8.23)

Rojas Vilches, N. S. (2021). No es sequía es saqueo: Movimientos sociales por la recuperación del agua en Chile. De la protesta social a la Constituyente, autoetnografía del caso de Modatima. Clivatge. Estudis I Tesitimonis Del Conflicte I El Canvi Social, (9), e–35345. https://doi.org/10.1344/CLIVATGE.2021.9.14

Santos, Carlos (2020) Naturaleza y hegemonía progresista. Los conflictos ambientales en los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Gorla-Pomaire. Buenos Aires-Montevideo.

Santos, Carlos (2006) Los conflictos sociales en torno al agua. En C. Santos, S. Valdomir, V. Iglesias y D. Renfrew, Aguas en movimiento. La resistencia a la privatización del agua en Uruguay. Montevideo: De la Canilla.

Santos, Carlos; Taks, Javier; Thimmel, Stefan y Grosse, Robert (2014) Las canillas abiertas de América Latina III. El agua como bien común y derecho humano. Luchas y desafíos a 10 años del Plebiscito del Agua en Uruguay. Montevideo: Casa Bertolt Brecht.

Santos, Carlos y Vázquez,  Manuel (2023) Política, ciencia e ignorancia: ecología política del ciclo hidrosocial en Uruguay. En Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía Volumen viii, número 1, enero-junio de 2023, doi: 10.29112/ruae.v8i1.1649

Swyngedouw, Eric (2009). The Political Economy and Political Ecology of the Hydro-Social Cycle. Journal of Contemporary Water Research & Education, 142(1), 56-60. https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2009.00054.x

Vázquez, Manuel (2021). ¿Qué agua? ¿Qué territorio? los discursos legislativos durante la modificación de la Ley de Riego con Destino Agrario. Tesis de grado. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República. https://hdl.handle.net/20.500.12008/29165

Whiteford, Linda M., Maryann Cairns, Rebecca K. Zarger, y Gina Larsen. 2016. «Water, Environment, and Health». En A Companion to the Anthropology of Environmental Health, 217-35. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118786949.ch11.

---

* Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos – Centro Universitario Regional del Este y Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de la República, Uruguay.

**Cátedra UNESCO de Agua y Cultura y PRIDES-FCS, Universidad de la República, Uruguay

^[2] “Gobierno decretó emergencia hídrica en área metropolitana y anunció exoneración impositiva para agua embotellada”. Acceso: https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/gobierno-decreto-emergencia-hidrica-area-metropolitana-anuncio-exoneracion

[3] El Niño-Oscilación del Sur, conocida como ENOS, es un patrón climático que consiste en la oscilación de los parámetros meteorológicos del océano Pacífico cerca de la línea del Ecuador, que ocurre cada cierto número de años en fases (cíclico), aunque no es regular (periódico) por lo tanto no se puede anticipar sino en el año previo y con niveles de incertidumbre significativos. Como señala Odriozola (2023) para Uruguay: “El ENOS se compone de una etapa cálida y húmeda, denominada El Niño, y de una fase fría y seca denominada La Niña. La fase de La Niña actual estuvo presente por los últimos tres años, siendo la etapa de La Niña más larga del siglo XXI. En tanto, la OMM [Organización Meteorológica Mundial] anunció a principios de julio que hay un 90% de probabilidades de que el fenómeno de El Niño esté presente por lo que resta de 2023. Este evento prolongado de sequía significó, por ejemplo, que en 2022 el país recibiera el 44% de las precipitaciones promedio.”

[4] Paradójicamente, a pocos kilómetros al sur de Minas, está la fuente de extracción de agua mineral subterránea y la planta de embotellamiento de la multinacional Danone, la principal empresa en el mercado local con sus marcas Salus y Matutina, que también exporta.

[5] Organismos que regulan los estándares de calidad de agua potable.

[6] El no transporte de agua por los caños, con cierto caudal mínimo, tendría otras posibles consecuencias como habilitar una mayor contaminación por ingreso de agua o sólidos contaminantes en las zonas de averías.

[7] Según las estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública, la prevalencia de la hipertensión es del 30% de la población entre 15 y 64 años de Uruguay. Acceso: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/dia-mundial-hipertension-mida-su-presion-arterial-precision-controlea-viva

[8] Es común oír historias de reparación o desecho de calentadores eléctricos de agua a resistencia (termofones, calefones, calderas), pues la acumulación de sal provoca aumento de la corrosión del hierro, bronce, acero y plásticos en los componentes de los artefactos.

[9] Se trata de la francesa Danone (Salus), la chilena Compañía Cervecerías Unidas (Nativa) y la multinacional Coca-Cola (Vitale). Ver: Daniel Pena “El negocio de las embotelladoras: ganancias y consumo de agua”. En Zur. Acceso: https://zur.uy/el-negocio-de-las-embotelladoras-ganancias-y-consumo-de-agua/

[10] Por la cornucopia o cuerno de la abundancia de la mitología griega. Según Foladori, los cornucopianos “creen que el mercado es natural a la sociedad humana y lleva a superar todos los problemas. Expresan, desde el punto de vista filosófico, aquella fase (…) en la cual, una vez separada la naturaleza de la sociedad y otorgados valores benéficos a la parte natural, vuelven sobre lo social subdividiéndolo y argumentando que algunos de sus comportamientos son naturales (v.gr. el mercado) mientras que otros no lo son” (Pág. 114). Estas posiciones, lejos de ser una visión extemporánea de la cuestión ambiental utiliza argumentaciones científicas contemporáneas, llevando sus posiciones a extremos que el autor considera “fundamentalistas”. Para el caso de las expresiones de la corriente cornucopiana, Foladori sostiene que el fundamento científico está dado por la vertiente neoclásica de la teoría económica. Foladori, Guillermo, (2001), Una tipología del pensamiento ambientalista. En Foladori. G., & Pierre, N., eds., (2001), ¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable, Trabajo y Capital, Montevideo.

[11] También se flexibilizaron los controles bromatológicos departamentales y comenzó a importarse agua embotellada de Argentina, a través principalmente de las cadenas de supermercados con capitales argentinos, un hecho novedoso y coherente con una política liberal.

[12] También el sector privado presentó propuestas para extender el sistema de saneamiento en varias localidades del interior del país, incluyendo la construcción, operación y mantenimiento de plantas depuradoras.

[13] Una de las medidas tomadas por el gobierno, ha sido la compra de una desalinizadora de pequeño porte, a través del asesoramiento de la UTEC con apoyo del UNESCO-IHE de Delft, cuyo objetivo inicial era producir agua potable para hospitales y lugares con urgente necesidad en medio de la crisis. Demoras en los trámites de importación hacen que aún no se haya instalado, aunque ya está en el país desde comienzos de agosto y, al parecer, será instalada en Laguna del Cisne no en el Río de la Plata. Curiosamente, cuando se pensaba que sería la primera planta desalinizadora en el país, resultó que la empresa estatal UTE cuenta con dos de ellas en su central de ciclo combinado en Puntas del Tigre, en la costa rioplatense del Departamento de San José.

[14] Ver las recientes declaraciones del representante de la oposición en el directorio de OSE, Edgardo Ortuño, en nota de ladiaria del 5 de agosto de 2023 donde estima que la empresa estatal le pagará en 20 años al consorcio unos 950 millones de dólares, cuando en ese mismo periodo OSE podría gestionar el proyecto con 480 millones.

[15] Gudynas, Eduardo. La renuncia ambiental. Brecha. 27 de mayo de 2022. https://brecha.com.uy/proyecto-neptuno-renuncia-ambiental/

[16] La conexión entre la crisis hídrica y el Proyecto Neptuno, estuvo planteada desde el gobierno. El Presidente Luis Lacalle Pou, al ser consultado en la rueda de prensa cuando la declaración de emergencia hídrica sobre cuál sería la solución definitiva, dijo que la solución era preexistente a la crisis y ya estaba planificada: el recurso a la “fuente infinita” de agua del Río de la Plata.

[17] En Costabel, Luciano. Detener el abandono. Brecha 17 de febrero de 2023. https://brecha.com.uy/detener-el-abandono/

[18] Algunas estimaciones indican que si se hubiera utilizado esos dineros para contratar personal y adquirir materiales para arreglar las averías que provocan las pérdidas técnicas de OSE (alrededor del 50%), el resultado habría sido igual o mejor y sin potenciales impactos ambientales negativos.

[19] La consiga tiene origen en Chile, donde un activo movimiento en contra de la privatización del agua denuncia que la decadal falta de agua en aquel país, se debe no solamente a los cambios en el régimen pluvial, sino también y principalmente a la desigual distribución a favor de las mineras y la agricultura de exportación. Ver: Rojas Vilches, N. S. (2021). No es sequía es saqueo: Movimientos sociales por la recuperación del agua en Chile. De la protesta social a la Constituyente, autoetnografía del caso de Modatima. Clivatge. Estudis I Tesitimonis Del Conflicte I El Canvi Social, (9), e–35345. https://doi.org/10.1344/CLIVATGE.2021.9.14

[20] Se entiende por ciclo hidrosocial “el proceso por el cual los flujos de agua reflejan los asuntos humanos y los asuntos humanos son avivados por las aguas” (Linton, 2014). Hablar de ciclo hidrosocial y no del naturalista ciclo hidrológico, implica concebir que el ciclo del agua está atravesado por el poder social, definiendo qué elementos naturales y societales intervienen, cuál es la relación con el agua y definir quién puede o no acceder a ella.  El concepto de ciclo hidrosocial considera no sólo cómo el agua fluye dentro del ambiente físico sino también cómo es manipulada, utilizada, concentrada y distribuida por los agentes sociales involucrados; cómo se articulan las luchas por el acceso, control y los mecanismos de exclusión (Larsimont 2018; Whiteford et al. 2016). Este concepto de inclusión/exclusión lleva a Swyngedouw (2009) a entender el conflicto/disputa como una dimensión inherente a este ciclo. La posibilidad de pensar la mezcla, transformación y fusión entre agua y sociedad de manera inseparable, emerge gracias a una noción híbrida del agua (Swyngedouw, 2009). Más aún, los ciclos hidrosociales son imaginados, representados y constituidos ontológica y cosmológicamente (Boelens 2014), lo cual influye en la adaptación, resistencia y reorientación de los flujos del vital líquido.

[21] Iniciativa aprobada durante el último período de gobierno del Frente Amplio que habilitó la participación de capital financiero en la gestión de proyectos privados de riego agropecuario.

[22] Las zonas donde se registraron las situaciones más dramáticas de abastecimiento de agua potable para poblaciones están caracterizadas por procesos de cambio en el uso del suelo que se han dado de manera radical en las últimas dos décadas. Los aportes de nutrientes y plaguicidas provenientes de las prácticas del agronegocio agrícola han contaminado gran parte de los territorios productores de agua, tanto por contaminación directa como por la saturación de fertilizantes fosfatados y nitrogenados que por escorrentía generan condiciones favorables para floraciones de cianobacterias en los cursos de agua, y aumentan los costos de potabilización, cuando no lo vuelven imposible. En otros casos, la instalación de monocultivos de eucaliptos en las nacientes de muchos cursos de agua ha limitado seriamente la cantidad de agua disponible, especialmente cuando existe déficit hídrico. La escasez aquí es producto directo de una intervención en el ciclo hidrosocial que capta el agua para convertirla en riqueza de unos pocos empresarios en detrimento del acceso a un bien común, considerado en nuestra Ley Constitucional como un derecho humano fundamental (Santos, 2006).

[23] Además de los autoconvocados y la CNDAV, aparece también una Coordinadora del Agua, que ha accionado en los últimos Día Mundial del Agua cada 22 de marzo. La coordinación entre estos tres colectivos es puntual, principalmente en torno a la organización de marchas. Hay voces críticas que señalan que la cantidad de personas que se movilizan en las calles es poca en relación a lo que está en juego y en comparación con otras manifestaciones populares. Quizá hay que considerar y evaluar la productividad de nuevas formas de expresión, intercambio y denuncia como parte de los conflictos socio-ambientales. (Camila Méndez en la diaria, 5 de agosto 2023 “La defensa del agua y la vida. Una militancia que trasciende la política partidaria)

[24] Estos ámbitos prevén la participación de diferentes reparticiones estatales, de la academia, representantes de organizaciones sociales y usuarios del agua. Su accionar ha sido irregular y no han podido avanzar en la elaboración de planes de cuenca y menos aún en su implementación.

[25] Desde el ámbito de las Naciones Unidas, un informe del relator independiente para el derecho humano al agua y el saneamiento, el español Pedro Arrojo, produjo tensión entre el gobierno uruguayo y el organismo internacional, pues el informe hacía hincapié en que el Proyecto Neptuno y el no control en la extracción de agua por parte de las empresas ponía en riesgo la garantía del derecho humano en el país.

[26] La declaración fue firmada por la CNDAV, la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Solís Chico, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Redes-Amigos de la Tierra y el sindicato Federación de Funcionarios de OSE.