10 años del AAP

Área de Ambiente y Política: décimo aniversario y repaso de la política ambiental en Argentina*

*Patricio Bruno Besana y Juan Martín Azerrat

“El futuro llegó hace rato” recita un reconocido verso de una canción argentina y un desprevenido podría interpretarlo como una referencia pesimista sobre el presente de la pandemia. En el contexto actual, no sería extraño que eso suceda, puesto que el imaginario y los discursos asociados a tragedias o colapsos globales se vieron actualizados a causa del Covid. Entre dichos discursos, quizá los que más fuerza adquirieron son los que se vinculan con los conceptos de Crisis Climática o Ambiental , no solo porque las causas de la pandemia fueron asociadas a procesos zoonóticos, sino también por la manifestación repetida de problemas (como inundaciones, sequías, incendios, huracanes, entre otros) vinculados al aumento de la temperatura global.

Veinte años atrás, en el marco de la crisis nacional que se desarrolló a partir de diciembre de 2001, investigaciones vernáculas llamaron la atención sobre la emergencia en Argentina de un fenómeno que en otros países ya se denominaba como la cuestión de lo ambiental. Durante aquellos años convulsionados, el clima de protestas y de inestabilidad política y económica fue propicio para la aparición de nuevas formas de organización y demandas. En ese contexto, suele decirse que la idea o cuestión de lo ambiental se transformó en asunto de debate público en el país.


Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina

*Cinthia Shammah y Alejandra Reich

La crisis ambiental impactó en la sociedad de tal forma que se encuentra interpelada y presiona para un mayor involucramiento en los procesos decisorios. La sociedad incide en las políticas públicas y apunta a un mayor control del Estado para lograr un cambio en los procesos y en los hábitos. (De Vedia, 2020) Si bien se presenta una ciudadanía participativa y comprometida, se presentan obstáculos en el acceso a información, conocimiento y educación ambiental. Esto permite suponer que se requiere de herramientas de participación que habiliten la toma de decisión en espacios institucionales (Weissman, 2009). En este sentido, los procesos educativos y comunicacionales se han convertido en ejes centrales.

Los medios de comunicación se han diversificado de tal forma que han impactado en la masividad, la interconectividad, accesibilidad e inmediatez. La comunicación dejó de responder al clásico modelo verticalista y unidireccional, en el que solamente unos pocos producían y distribuían la información, y mutó hacia otro en el que coexisten múltiples generadores de contenido. Este proceso se convirtió en un aliado de la comunicación ambiental, ya que favorece el tejido de redes, acceso a información y movilizaciones para la acción colectiva (Walter, 2008).


Minería metalífera e hidrocarburos

*Lucas Christel, Deborah Pragier y Mariano Novas

En las últimas décadas, América Latina atravesó un escenario de creciente demanda y aumento del valor de las materias primas que impulsó fuertemente actividades extractivas tales como la minería metalífera, hidrocarburos no convencionales y/o la extracción de litio. Como respuestas a estos avances, ha emergido con fuerza la cuestión ambiental, multiplicándose a lo largo del territorio distintas expresiones de rechazo social así como la construcción y defensa de visiones alternativas de desarrollo.

La teoría del peak oil pronosticaba que para el año 2010 la producción convencional de petróleo alcanzaría su cénit a nivel mundial y luego comenzaría su lento deceso con su consecuente aumento de precios. Los hechos demuestran que esta hipótesis ha sido correcta en gran parte ya que los yacimientos de alta productividad y bajo costo están declinando en forma sostenida en la mayoría de los países. Sin embargo, no pudo prever el veloz desarrollo científico-tecnológico que permitió extraer en forma rentable hidrocarburos no convencionales (HNC). La técnica de extracción popularmente conocida como fracking o fractura hidráulica, produjo a comienzos de siglo XXI, un cambio sustancial en torno al acceso-demanda de energía a nivel global. Puede decirse entonces que la posibilidad de explotar los HNC a partir del fracking (a pesar de sus mayores costos de inversión, su menor rendimiento energético y su mayor impacto ambiental) provocó una reconfiguración geopolítica que lejos de dar respuestas a los desafíos globales de cambio ambiental global tienden a reforzar y a extender la dependencia de los combustibles fósiles.


¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? La Ley de Bosques a 14 años de su sanción

*Lucas Figueroa

Con motivo del cumplimiento de los 10 años de Área de Ambiente y Política, me resultó importante presentar un panorama sobre algunos aspectos de la implementación de la Ley N°26331/07 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, más conocida como Ley de Bosques a casi 14 años de su sanción.

Sancionada a fines de 2007, la Ley de Bosques obligó a que cada provincia sancione una ley provincial que ordene a los bosques nativos en tres categorías de conservación: roja, amarilla y verde (Figueroa, 2020). Cada una de las categorías especifica las actividades que pueden realizarse en las zonas con bosques.


El proceso de transición energética y la descarbonización en Argentina

*Elisabeth Möhle

Con motivo del cumplimiento de los 10 años de Área de Ambiente y Política, resulta de interés hacer una breve recapitulación del punto en el cual se encuentra el proceso de descarbonización y la transición energética en Argentina.

Comenzaremos comparando la matriz energética primaria de 1970 con la de 2016. Podemos ver un clarísimo reemplazo del petróleo por el gas. El porcentaje de petróleo baja de 71% a 33%, mientras que el gas aumenta de 18% al 53%. Esto es relevante porque, si bien ambas son fuentes fósiles, el petróleo tiene un 37% más de emisiones de gases de efecto de invernadero que el gas.


Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión social en los últimos diez años en la Argentina

*Mariana Saidón, Franco Cicerone y Tomás Bagnoli

Los residuos sólidos urbanos requieren de una gestión para lograr condiciones de higiene y salubridad en los múltiples espacios habitados del país. Sin embargo, las soluciones que se han ido generando a lo largo del tiempo han derivado en distintas problemáticas ambientales, a la vez que están atravesadas por problemáticas sociales, fiscales y cuestiones económicas (Saidón, 2011, 2012; Brandão y Gutiérrez, 2019).

En las últimas décadas, las soluciones a los residuos que se generan en el país se orientaron hacia dos mecanismos de disposición final: rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto. Ambas han disparado diversas críticas y movilizaciones sociales. Primero, estos mecanismos tienden a soslayar la recuperación de residuos que podrían utilizarse como insumos en nuevos procesos productivos. Segundo, estas prácticas tienen alto impacto en el ambiente (emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de suelos y cuencas hídricas, entre otros) y en la salud de las personas. Por otra parte, la existencia de rellenos sanitarios y basurales, como mecanismo formal de gestión de residuos, convive con mecanismos de disposición informal,tales como basurales no habilitados, microbasurales, mecanismos de arrojo en cursos de agua y quemas no autorizadas, que resultan sumamente preocupantes (Saidón, 2020).


Actividad agropecuaria en Argentina: pasado y presente

*Ana Stevanato y Juan Martín Azerrat

Desde que en 1996 tuvo lugar la autorización para la producción y comercialización de las semillas de soja tolerantes al herbicida glifosato, se produjo un drástico cambio en el perfil productivo argentino. A partir de ese momento se abrió la puerta a lo que se conoce como “paquete tecnológico”, el cual está compuesto por las semillas/organismos genéticamente modificados (OMG) resistentes a algunos agroquímicos, los agroquímicos en cuestión y la siembra directa. En los últimos 10 años se registra un aumento de la superficie cultivada de los cuatro principales cultivos de Argentina (soja, maíz, trigo y girasol) de 5.143.000 hectáreas (https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/). Según el Censo Nacional Agropecuario de 2019 se han acentuado algunas tendencias que ya se venían observando. La primera es la que tiene que ver con la concentración de la tierra, donde la mayoría de las explotaciones agropecuarias tienen entre 200 y 500 hectáreas. La segunda es el aumento, de hasta aproximadamente el 50%, de la producción sobre tierra arrendada en manos de empresas de servicios agropecuarios (Bisang, 2020). Finalmente, más allá de las grandes empresas, se han consolidado pequeñas y medianas empresas, conocidas como “contratistas” (alrededor de 6.000 según el Censo), que ofrecen distintos tipos de servicios a los productores. Estos van desde el alquiler de maquinaria y tecnología hasta servicios de comercialización. Esto permite que más del 70% de los procesos productivos se encuentran subcontratados por estos nuevos actores.


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