Autora: Itatí Moreno

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar de monitorear la llamada Causa Matanza-Riachuelo generó críticas y preocupación entre activistas, organizaciones sociales y ambientalistas de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar de monitorear la llamada Causa Matanza-Riachuelo generó críticas y preocupación entre activistas, organizaciones sociales y ambientalistas de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

En 2006, un grupo de vecinos, junto a abogados ambientalistas y diversas organizaciones sociales, denunció la contaminación de esta zona ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa conocida como “Beatriz Mendoza”, debido al nombre de una de las denunciantes, resultó en una sentencia en 2008 que estableció nuevas responsabilidades estatales en la gestión y protección ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Aquel año, la Corte ordenó al Estado, en sus tres niveles (nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires) implementar un plan integral para sanear la cuenca, conocido como PISA. Junto con ello, se creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), organismo responsable de recomponer y prevenir el daño ambiental en uno de los territorios más poblados y contaminados del país.

La sentencia de la Corte y el proceso judicial que le siguió establecieron una instancia continua de vigilancia sobre las acciones de ACUMAR y los gobiernos involucrados. La Corte y el Cuerpo Colegiado, un órgano participativo de ACUMAR, desarrollaron un monitoreo periódico para asegurar el cumplimiento de los objetivos del PISA. Tales objetivos incluyeron tareas diversas como limpieza de desagües pluviales, márgenes de ríos y arroyos; urbanización de barrios populares; extensión de redes de agua y saneamiento cloacal; eliminación de basurales; reducción de la contaminación industrial; monitoreo de agua, aire y sedimentos; acciones orientadas a fortalecer la salud y educación ambiental en el territorio de competencia; creación de sistemas de información e indicadores varios; fortalecimiento de instituciones públicas y ordenamiento ambiental del territorio[1].

Desde entonces, se lograron algunos avances en la política ambiental en diferentes áreas de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Se implementaron planes de relocalización para familias que vivían en los márgenes de ríos y arroyos, se emprendió la limpieza del espejo de agua (ver Imagen 1), se desarrollaron acciones de control epidemiológico en barrios de la Cuenca y se inició un programa de reconversión industrial en la zona, entre otras acciones. También se establecieron sistemas de tratamiento de efluentes y un monitoreo industrial para reducir los niveles de contaminación.

Imagen 1: Barco de ACUMAR realizando la limpieza del espejo de agua en el Río Matanza – Riachuelo, Buenos Aires, Argentina.

[1] Descripción del PISA:  https://www.acumar.gob.ar/pisa-plan-integral-saneamiento-ambiental/

Fuente: Galería de fotos de ACUMAR. Link: https://www.acumar.gob.ar/multimedia/resiudos-galeria/

ONGs, organizaciones locales y activistas, por su parte, manifestaron críticas respecto del accionar de ACUMAR y la implementación del PISA. Entre las principales críticas figuran las demoras en la ejecución de las tareas, el incumplimiento de algunas metas y la falta de control efectivo sobre industrias que continúan vertiendo contaminantes en cursos de agua de la zona. Debido a los avances aún pendientes, la decisión de la Corte de dar por finalizado el monitoreo de la sentencia generó una fuerte polémica.

Quienes se manifiestan contra tal decisión argumentan que el monitoreo judicial era esencial para asegurar que el PISA se cumpliera más allá de las voluntades políticas de turno. Sin respaldo judicial, los mismos advierten que, tanto el progreso en el saneamiento ambiental, como el derecho de los habitantes a un ambiente sano, están en riesgo. Sin la presión constante que significaba el monitorio de la Corte, cabe preguntarse: ¿ACUMAR y los gobiernos implicados podrán cumplir con los compromisos del PISA? ¿Tendrán incentivos para ello?