Autoras: Verónica Cáceres (CONICET-Inst. Ambrosio Gioja /UNGS/UNLU) y Melina Tobias (CONICET- IIGG/UBA)

En el marco de las profundas reformas que promueve el gobierno de La Libertad Avanza en la Administración Pública, el 13 de noviembre del 2024 se publicó el Decreto 1020/2024 que dispuso la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). La norma estableció que el Ministerio de Economía tiene que instrumentar la transferencia de los recursos del Ente a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dentro de la Secretaría de Obras Públicas. Esta acción se encuentra posibilitada en la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo que habilitó la Ley N° 27.742, sancionada por el Congreso en junio pasado. El decreto sostiene la necesidad de “reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos” (Decreto 1020/2024). 

El cierre del ENOHSA no es una decisión aislada, sino que forma parte de un proceso más amplio de reducción del tamaño del Estado. En el ámbito del agua y saneamiento, también se busca privatizar la empresa estatal AySA que abastece de estos servicios esenciales a gran parte del área metropolitana de Buenos Aires. Según fuentes oficiales consultadas para la elaboración de esta nota, dicha privatización, prevista para el año que recién comienza (2025) contempla asimismo un nuevo marco regulatorio en el que ya se ha avanzado, y donde las tareas y obras de expansión quedarían excluidas de la responsabilidad de la futura empresa privada a cargo de los servicios. De hecho, en el transcurso del año 2024 diversas áreas dentro de la empresa vinculadas a tareas de expansión de redes -especialmente en barrios vulnerables como es el caso del área de Desarrollo de la Comunidad- han quedado reducidas en personal y funciones.  Al punto de que, según fuentes del Ministerio de Obras Públicas, a fines del 2024 se había elaborado un convenio entre la empresa AySA y ENOHSA para trasladarle a este último las tareas de expansión de obras de agua y cloacas incluidas en el Plan de Mejoras, Operación, Extensión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM), centradas principalmente en el área de expansión de la empresa, que corresponde a los 9 municipios del AMBA con importantes déficits de cobertura, que fueron incorporados por la empresa en el período 2016-2017. Dicho documento finalmente no fue conveniado por la disolución del organismo. Por fuera del territorio del AMBA, en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, e incluso de provincias del interior del país, donde los servicios se encuentran a cargo de pequeñas o medianas cooperativas, el problema es similar. El rol del ENOHSA en estos casos era central para llevar adelante las tareas de expansión que sólo el Estado Nacional podía realizar, ya que los costos excedían a lo que las cooperativas podían pagar.

De este modo, el cierre del ENOHSA afecta directamente la planificación y ejecución de obras públicas esenciales en el AMBA y en el conjunto del territorio nacional, dejando un vacío significativo en la estructura institucional encargada de garantizar el acceso equitativo a estos servicios. Era el único organismo de carácter nacional Esto es así porque, a lo largo de sus casi tres décadas de existencia, el ENOHSA se consolidó como un actor clave en el sector, no solo ejecutando obras y proyectos, sino también promoviendo la investigación, el desarrollo tecnológico y la asistencia financiera y técnica a las provincias.

Vale recordar que en la Argentina el acceso a los servicios de red pública de agua potable y saneamiento no es uniforme para el conjunto de la población. Según los datos del último censo (INDEC, 2022) a nivel nacional la cobertura de agua potable por red dentro de la vivienda alcanza al 81% de los hogares, lo que significa que aún restan casi tres millones de hogares en el país que carecen de este servicio básico. En el caso de las cloacas la situación es aún más grave: a nivel nacional la cobertura de desagües cloacales dentro de la vivienda alcanza apenas al  60% de los hogares, es decir que más de 6 millones de hogares no poseen acceso. Estas cifras dan cuenta de una desigualdad sanitaria persistente en el tiempo que se expresa socio-espacialmente, afectando principalmente a la población que reside en áreas rurales y periurbanas, y a los sectores más vulnerables urbanos, que habitan en villas y asentamientos con escaso o nulo acceso a servicios públicos de calidad.

La planificación sectorial y el rol del ENOHSA

Desde su creación en 1995, el ENOHSA conforma un organismo clave en la planificación, ejecución y administración de obras hídricas y de agua y saneamiento. A su vez, tiene a su cargo el rol de asistir en materia técnica y financiera a las distintas provincias y promover la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector de agua a lo largo y ancho del país.

Para comprender mejor el rol de un organismo nacional como el ENOHSA es necesario primero repasar algunas características propias del sistema federal  de la Argentina. En este sentido, vale advertir que el sector de agua y saneamiento en el país se encuentra descentralizado y conforma una responsabilidad de las jurisdicciones subnacionales desde inicios de la década del ochenta del siglo pasado. La descentralización impuesta por el último gobierno cívico militar, con una clara finalidad fiscal, contribuyó a la desarticulación del sector y las posibilidades de expansión y calidad de los servicios, especialmente del agua, quedaron rezagadas y dependiendo de las posibilidades de financiamiento de cada provincia. Las provincias recibieron los servicios sin el acompañamiento de los recursos básicos para garantizar la prestación, situación que empeoró la accesibilidad y la calidad de los servicios en el país. Con la llegada de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín transformó el Servicio Nacional de Agua Potable (SNAP), un organismo creado en 1964 con apoyo de la Oficina Panamericana de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo de las obras en pequeñas localidades, en el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento (COFARyS). El COFARyS funcionó en la órbita de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Esta acción procuró contribuir a generar un escenario de coordinación de las decisiones en el sector que se encontraba atomizado y con una profunda merma en las inversiones.

En los años noventa las reformas que impulsó el gobierno de Carlos Menem transformaron el sector de agua y saneamiento con la llegada de capitales privados a la gestión de los servicios públicos. Así la concesión a capitales privados y la creación de sociedades anónimas se impuso en el Área metropolitana de Buenos Aires, abastecida parcialmente por la histórica Obras Sanitarias de la Nación, y en las jurisdicciones como Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, entre otras. La gestión privada de los servicios avanzó en mejorar la accesibilidad en las áreas más rentables de sus territorios y, en un marco de aumentos de las tarifas e incumplimientos contractuales de los se introdujo el corte total de los servicios. En ese contexto, en 1995, mediante la Ley N° 24.583, el gobierno disolvió el CoFAPyS y creó el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) como organismo descentralizado del Estado Nacional que asumió sus funciones y desarrolló algunos programas que se encontraban en ejecución financiados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) en el marco de la promoción de las concesiones en el sector.

Tras la profunda crisis económica, social, política e institucional que enfrentó la Argentina a inicios del siglo XXI, y ante notorios incumplimientos contractuales de las principales empresas concesionarios de servicios de agua en el país, comenzó un período de re-estatización y reprovincialización de los servicios de agua y saneamiento. Por entonces, el ENOHSA pasó a ocupar un papel más activo en el sector a partir de la posibilidad de contratar y ejecutar obras, proyectos, adquirir materiales, maquinarias, y elementos destinados a la construcción, mantenimiento, operación y reposición de infraestructura (Decreto N° 1173/2004). A su vez, la pandemia del COVID 19 ha reforzado la importancia del acceso al agua segura y en cantidades suficientes, lo que ha repercutido en mayor financiamiento para obras de agua, saneamiento e higiene en áreas vulnerables.

En este marco, en los últimos años, el ENOHSA ha desarrollado diversos programas destinados a contribuir a la expansión del servicio de agua y saneamiento en el territorio argentino. Entre ellos se destacan el Programa de Asistencia en Áreas con riesgo Sanitario (PROARSA) por el que se financió obras y la adquisición de insumos para prevenir y/o reducir enfermedades que tienen un origen hídrico-sanitario^[1]; el Programa de Proyectos Especiales de Saneamiento (PROESA) que permitió la ejecución de infraestructura básica del sector; el Programa Federal de Saneamiento (PROFESA) que desplegó proyectos acordados con las jurisdicciones provinciales; y los PROAS II y PAYS II que refieren a programas financiados a través de créditos externos (en este caso por el Banco Interamericano de Desarrollo) para la ejecución de obras  de ampliación, conexión y mejora de infraestructura de agua potable y saneamiento en comunidades menores y mayores a 50 mil habitantes. Estos programas han permitido  la realización de obras en municipios del interior del país, que van desde áreas como Luján en el borde de la Región Metropolitana de Buenos Aires a ciudades como Tartagal (Salta), Las Piedritas (Chaco), San Miguel (Tucumán), Recreo (Catamarca), Concordia (Entre Ríos), Catriel (Río Negro), Lavalle (Mendoza), entre otras. A su vez, el ENOHSA también ha ejecutado obras de programa nacional Argentina Hace encargado de realizar obras del sector en la escala municipal a través de cooperativas de trabajo, logrando así no sólo la mejora en infraestructura sanitaria sino también la generación de empleo local.

Marchas y contramarchas en la política sectorial del agua

Al momento de disolución, el ENOHSA tenía en ejecución más de 600 obras y varias por iniciar en localidades del interior. Aún cuando el gobierno plantea que las obras continuarán en manos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos existe incertidumbre, especialmente con la profundización del ajuste fiscal.

En un contexto nacional donde priman nuevamente las ideas de un Estado mínimo y de la eficiencia del mercado, vale la pena recordar que en el caso del agua y saneamiento, la historia nacional e internacional demuestran que los mayores avances en la infraestructuras de servicio y en la expansión de los servicios no corresponden a períodos de gestión privada, sino por el contrario a un protagonismo y direccionalidad clara del Estado Nacional, en articulación con otros actores, para posicionar la problemática sanitaria dentro de la agenda pública. De allí la importancia de mantener la política sectorial dentro de los intereses del Estado Nacional. No hay que olvidar que el servicio de agua y saneamiento contribuye al desarrollo económico y social del país, tiene externalidades positivas en salud, y se vincula con derechos humanos inalienables reconocidos a nivel internacional y con clara jurisprudencia a nivel local.

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^{[1] Estas son aquellas causadas por microorganismos o sustancias químicas en el agua contaminada. Entre las enfermedades más comunes se encuentran el cólera, la hepatitis A, la Fiebre tifoidea, y la gastroenteritis viral.}