Por Daniel Funes^[i] (Pastoral de Ecología Integral del arzobispado de Mendoza y del Nodo Argentino de la Red Iglesias y Minería)

El fallecimiento del Papa Francisco, el 21 abril de 2025, reavivó el recuerdo de su profundo legado socioambiental. Su encíclica “Laudato Si” marcó un antes y un después en la manera en que la Iglesia aborda la crisis ecológica y los conflictos provocados por las industrias extractivas, convocando a una mayor participación en los jóvenes con el famoso “hagan lío” y el cuidado de la casa común. En ese espíritu, diferentes actores religiosos en Argentina vuelven a interrogarse sobre su papel frente a los proyectos mineros que amenazan la vida y el agua. En Mendoza, donde la actividad minera avanza entre denuncias y represión de la protesta, la voz de la Iglesia se vuelve una presencia necesaria. Daniel Funes, miembro de la Pastoral de Ecología Integral del arzobispado de Mendoza y del Nodo Argentino de la Red Iglesias y Minería, reflexiona sobre el legado de Francisco, la Doctrina Social de la Iglesia y la urgencia de acompañar las luchas territoriales en defensa de la vida.

Introducción

La Iglesia Católica, contrariamente a lo que muchos opinan, no es una institución en la que todos sus miembros tengan pensamientos homogéneos. Ese epíteto de ser una “institución dogmática” en la que todos deben pensar, opinar y actuar de la misma manera como forma de garantizar “la integridad de la fe” no es el reflejo de la realidad, de lo que pasa dentro de la Iglesia, entendida no solo como institución formal sino como el numeroso y diverso pueblo integrado por culturas muy diversas y atravesada por realidades, paradigmas e incluso ideologías que conforman las sociedades. A veces, incluso, algunas de estas opiniones son directamente antagonistas entre sí.  También la polarización cultural atraviesa la vida de la Iglesia. Esta diversidad de opiniones se da entre los laicos y también muy profundamente en el clero. Hemos sido testigos de los debates y especulaciones, de las disputas de poder, en torno a la elección del nuevo Papa frente la muerte de Francisco.

De hecho es justamente ese tema, el de la libertad de pensamiento, de conciencia  y de acción, uno de los grandes temas de conflicto en la Iglesia desde la antigüedad y que marcó  su identidad sinodal: el conocido como primer concilio o concilio de Jerusalén fue ni más ni menos que una reunión de los apóstoles para discutir dos puntos de vista antagónicos sobre la incorporación o no y bajo qué condiciones de los paganos o no judíos a la Iglesia naciente, en la que había posturas muy encontradas (Hechos 15). La diferencia de pensamientos provocó también los sismas de la Iglesia, cuando esas posturas opuestas no obtuvieron una definición común. Uno de esos temas de discusión importante en la vida de la iglesia es justamente el rol que esta cumple o debe cumplir en la vida social, política, cultural y económica de las comunidades en las que se integra.

Y he aquí la pregunta: ¿Debe la Iglesia hablar o meterse en el tema minería?

En los últimos años, a partir del “fenómeno” Francisco, se han vuelto a instalar temas de debates en la Iglesia Católica que permanecieron silenciados o celosamente reservados a discusiones vaticanas, temas que están incluidos dentro del Magisterio o Tradición de la Iglesia que tiene tantos años como la iglesia misma, pero que recientemente se comienza a llamar como Doctrina Social de Iglesia Católica (DSI).

Imagen 1. El Papa Francisco y pueblos indígenas del Amazonas 2019

_{Fuente: EFE}

El legado del Papa Francisco

La llegada de Francisco a la catedra de Pedro y su presencia sin mediaciones en la comunicación social   no sólo volvieron a colocar estos temas sobre las mesas de discusión en los claustros del Vaticano, sino que lo hicieron también en las mesas familiares, de bares y restaurantes, en los estudios de televisión y radio y en las calles. Abrieron el debate sacando del secretismo no solo los temas picantes, escandalosos y dolorosos que aquejaban a la Iglesia (financieros, sexuales) y que para algunos fue la razón de la renuncia de Benedicto, sino que además sacaron del archivo numerosos otros temas de actualidad retomando en algunos un protagonismo político que la Iglesia había perdido: migrantes, pobreza, ecología, sexualidad, economía. “Y como si esto fuera poco”, podría decir un vendedor ambulante, la misma sociedad creyente y no creyente, animada por esta apertura y el estilo cercano y abierto de Francisco, se animó a plantear otros temas de discusión que rondaban los pasillos ocultos de la Iglesia y las charlas de café pero que eran tabú para conversaciones abiertas e institucionales: diversidad sexual, la mujer en la Iglesia, la castidad, etc. De pronto una gran parte de la sociedad empezó a hablar de Francisco y de lo que Francisco proponía. Bergoglio, sin temor o con él, instó con su ejemplo y su apertura al diálogo a volver a discutir temas que estaban tratados, contenidos y debidamente sistematizados en la Doctrina Social de la Iglesia, pero de los que poco se hablaba, y a generar documentos para la época. Para nuestra época. Para la vida presente. “Interpretando la luz de los tiempos”.

Valen dos aclaraciones importantes: 1) no debe entenderse que todo lo que dijo Francisco es nuevo en la Iglesia. No es un Papa que trajo “tantas cosas nuevas”. Francisco “no le invento el agujero al mate”, diría un argentino. Si hay algo que caracteriza su amplísima obra es la capacidad de traer al presente definiciones de documentos elaborados por otros Papas anteriores, por los concilios, por colegios episcopales de diferentes lugares y aun por referentes de otros credos y sectores académicos, científicos, filosóficos. En cada documento de su amplísima obra, la lista de citas debidamente documentadas es interminable y variada. Un ejemplo muy claro es la Encíclica Laudato Si lanzada en 2015, donde el Papa Francisco refiere al cuidado de la casa común, donde permanentemente se citan expresiones que no le son propias. Las trae al presente, las ordena, las aplica a la realidad de esta hora critica para la sustentabilidad de la vida. En este documento Francisco no solo realiza una crítica al consumismo y el despilfarro, sino que hace un llamado especial en favor de una acción mundial rápida y unificada «para combatir la degradación ambiental y el cambio climático»: 

“El desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas” (Encíclica Laudato Si, 2015).

Quienes critican a Francisco por esta “intromisión de la Iglesia en temas que no le son propios”, expresando con desaires que un papa no debe meterse en estos temas y que proponen como modelo a otros pontífices antecesores como ejemplo “de lo que debe ser y hacer un papa”, parece que no han leído las innumerables citas textuales que de esos mismos papas hace Francisco y que sustentan sus documentos.

2) el Magisterio de la Iglesia Católica (dentro del cual está la DSI) es parte constitutiva y diferencial del ser católico. Una de las principales diferencias con otros credos es justamente que no solo la Palabra revelada forma parte de su fundamento sino también la tradición y la interpretación que de ella y la realidad hace la Iglesia. Se es católico sí y solo sí la Fe que se profesa y la vida se basan en la Palabra y en el Magisterio de la Iglesia. De estos dos elementos es de donde nutrimos nuestras prácticas arraigadas y confesadas como verdades. No se trata de elegir sólo el Evangelio como fundamento, eso nos haría una iglesia evangélica más, y de ninguna manera se pretende denostar a esas Iglesias, o solo la tradición y el magisterio, sino que para un cristiano Católico la Palabra y el Magisterio de la Iglesia son el fundamento de sus creencias y sus prácticas.

Imagen 2. Francisco recibiendo a comunidades indígenas de Latinoamérica.

_{Fuente: EFE}

¿De qué hablamos cuando hablamos de minería?

Acercándonos un poco más a la pregunta inicial, definamos también de qué hablamos cuando hablamos de minería. Es muy común escuchar en los debates sobre minería que todo es minería, que la minería es esencial para la vida humana en sociedad, que sin minería no sería posible el mundo en que habitamos, que se ha hecho minería desde el origen mismo del hombre, que, si bien la minería causa impactos, toda actividad humana los causa, que es contradictorio oponerse a la minería y hacer uso de ella todo el tiempo… Y podríamos seguir enumerando frases que, si bien son válidas, sólo pretenden alejar la discusión real que las comunidades en conflicto con la minería proponen. No se trata de cuestionar toda la minería ni desconocer que es parte de la vida cotidiana. Cuando hablemos de minería,  en esta nota nos estaremos refiriendo a la explotación minera moderna y a gran escala, con voladuras de cerros y destrucción del entorno, con métodos hidro-químicos de extracción de minerales y que necesitan enormes cantidades de agua que se extrae de las mismas fuentes que sustentan a las comunidades,  con vaciaderos de desechos de la explotación en grandes escombreras y depósitos de relaves mineros que permanecen casi a perpetuidad amenazando las fuentes de agua porque es imposible su remediación completa.   

Hablamos de una minería que nada tiene que ver con la minería tradicional de bajo impacto, sino que supone la modificación total y permanente de los ecosistemas, cuando no su destrucción. Cuando hablamos de minería hablamos de grandes empresas casi siempre extranjeras que llegan a los territorios y se apoderan de ellos amparados y sin realizar consultas o brindar información. Una minería que se apropia del agua que las poblaciones necesitan para su sustento impactan arrolladoramente con la cultura y la forma de vida y es protegida y normalizada por las clases más poderosos de los países y gran parte de sus dirigencias políticas que no viven en las comunidades afectadas. Cuando hablamos de minería, nos referimos principalmente a los métodos de explotación a cielo abierto (aunque también existen grandes minas subterráneas problemáticas por el volumen de explotación y sus trabajos de separación del mineral, como la de El Teniente, Chile). Cuando hablamos de minería y de resistencia de las comunidades afectadas, nos referimos a una minería de carácter extractivista, predadora, que viola derechos humanos fundamentales, cuyo fin es la acumulación de riqueza y no la necesidad básica de minerales. Cuando hablamos de minería, nos referimos a una minería que abusa de la necesidad de trabajo de la gente como excusa para dividir a las comunidades, una minería que nunca genera riqueza y progreso en las comunidades locales y las transforma, cuando el mineral se acaba y las empresas se van, en ex pueblos mineros, los más pobres y enfermos. Se trata de una minería que, tal como lo describió el Parlamento Europeo en 2010, hace una externalización de los costos ambientales y sociales que deben ser padecidos y asumidos por las comunidades cuando las empresas se van o se declaran en quiebra.

La situación de América Latina y el rol de la Iglesia. Un poco de historia

La minería tuvo un gran impulso en América Latina a partir de la década de 1970 con las dictaduras militares que se fueron sucediendo en el territorio, y en Argentina en particular en los años de menemismo (en los años 1990) con la sanción de las leyes de promoción minera, la apertura de la base de datos geológicos de SEGEMAR sobre el potencial minero argentino y la venta de propiedades mineras que hasta entonces eran propiedad del estado. Estas medidas fueron acompañadas de fuertes campañas publicitarias y con la promesa de que las grandes inversiones motorizarían la economía y producirían un derrame de bienestar para todos, fundamentalmente trabajo y trabajo muy bien pago (recordemos que la mayor crisis que generaron las políticas de apertura económica indiscriminada y la política de “dólar barato” fue la tremenda desocupación, subocupación y precariedad laboral que aquejaba casi sin excepción a todas las familias argentinas).

Ese gran impulso minero careció por completo de la información sobre los impactos ambientales y sociales negativos de la actividad ni sobre los verdaderos beneficiarios de la extracción y exportación de los recursos, que no son las comunidades afectadas. Así pudieron avanzar algunos emprendimientos sin mayor oposición como La Alumbrera en Catamarca, Veladero en San Juan y Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Además, en casi todo el país se inició un “negocio inmobiliario” enorme de comprar derechos de minas declaradas sin estado avanzado de desarrollo, sin prospección ni exploración que certificaran su viabilidad económica y mucho menos ambiental y legal.  Este negocio consiste en comprar un derecho minero a bajo precio y mejorar su condición, sobre todo legal en cuanto a las autorizaciones necesarias para avanzar, y venderlo luego de obtenidos estos requisitos, a grandes o medianas empresas multiplicando enormemente su valor. En este negocio se anotaron muchos argentinos geólogos que tenían información privilegiada por haber sido parte del estado al momento de la venta de las propiedades mineras y que justamente adquirieron por muy bajo precio los cateos más prometedores sabiendo que a futuro podrían ser un buen negocio. Este será el equipo estable de lobbistas locales de la actividad que, en todo el país, van haciendo cabildeo en las esferas políticas a favor de la actividad y en contra de las comunidades, promoviendo o destruyendo normativas para favorecer la actividad con estrategias muchas veces inmorales de presión, estigmatización y persecución judicial o mediática de los opositores a la minería, etc. Las empresas despliegan un detallado programa para instalar la minería y repeler las oposiciones.

En contraposición, cercanos al año 2000 empiezan a surgir y multiplicarse  las oposiciones comunitarias a la actividad minera, muchas veces alertados por  alguna ONG o movimientos ambientalistas (recordemos entre otros el movimiento Antinuclear y la lucha contra el Basurero nuclear de Gastre  y al reconocido Javier Rodríguez Pardo) o simplemente  porque  algunos vecinos, conociendo realidades de otros pueblos, difunden los terribles estragos ambientales que han ocurrido en desastres mineros, sobre todo el riesgo en la disminución y contaminación del agua, que será el gran eje estratégico de oposición, y  los extraordinarios y escandalosos  beneficios fiscales  que tiene la actividad minera y de los que carecen las actividades regionales para su desarrollo. En muy pocos años esta oposición comunitaria crece y se “contagia” por todo el país con la metodología de las Asambleas Autoconvocadas, que no responden a partidos u organizaciones institucionalizadas y a las que las comunidades adhieren mayoritariamente como alternativa válida de organización social después del “que se vayan todos” del 2001. Estas Asambleas son el espacio aceptado y valorado de participación política y social de la comunidad que descree de todo lo institucional.

Con aciertos y errores, con metodologías diversas de adquisición y difusión de conocimiento, con manifestaciones públicas, con un compromiso firme de “solo se comunica la verdad sin exageraciones”, en clara confrontación con la metodología  política y  empresarial que exageran los beneficios y ocultan los impactos negativos, con una manifiesta independencia política partidaria pero trabajando dentro y fuera de los partidos y las legislaturas , estas organizaciones lograron en pocos años hacer que la agenda política electoral de varias provincias  tuvieran como eje el agua y la minería,  y, a partir  de la necesidad de diferentes expresiones partidarias de captar votos en elecciones reñidas, se fueron consiguiendo leyes de prohibición o de regulación de la actividad minera en varias provincias como Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, entre otras, y nacionales como la Ley Nacional de Protección de Glaciares. Las organizaciones comunitarias se transformaron en la “otra campana” que no había sido escuchada para el avance de proyectos mineros: vecinos autoconvocados de Esquel, Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (varias reunidas AMPAP), la aparición de la UAC (Unión Asambleas Ciudadana), Carpa de Jáchal no se toca, Famatina y otras en diferentes localidades y provincias. Ante cada proyecto minero fue apareciendo una asamblea de vecinos de oposición.

Imagen 4. Movilización en Mendoza en defensa del agua y la ley 7722.

_{Fuente: fotografía propia}

¿Y la Iglesia …?

Es justamente a partir de las luchas, o dentro estas organizaciones comunitarias, donde miembros de las iglesias (no solo católica), sobre todo laicos, pero también religiosos y religiosas, se involucran y o son protagonistas desde su aparición. Inicialmente no fueron acompañados abiertamente por las jerarquías episcopales pero muchos laicos se ven participando por su compromiso social, ecológico y político. Diferentes agentes de pastoral involucrados en estas organizaciones vecinales van instalando el tema en sus propias comunidades religiosas.  Muchas asambleas vecinales se organizan alrededor de parroquias o colegios que cedían sus espacios físicos y algunos recursos mínimos y eran acompañadas de “consagrados”, pero nunca fueron movimientos cristianos ni religiosos exclusivos. Por lo general ni se hablaba ni se habla de religión en ellos.

 Es a partir de la demanda de estos colectivos locales a las autoridades episcopales que empiezan a surgir documentos y manifestaciones de apoyo a las comunidades y rechazo a la actividad minera en algunas diócesis a medida que los conflictos se van profundizando (Mendoza, Chubut, la región patagónica, Salta). Para estas “manifestaciones oficiales” de la Iglesia, se comienzan a desempolvar documentos de la DSI (esos que decíamos al inicio de la nota que permanecían desconocidos) que dan sustento a las mismas. Hay que decir también, y con preocupación, trayendo aquí la primeras apreciaciones de esta nota, que, en la diversidad de opiniones dentro de la Iglesia, hubo y hay aun dentro de la misma, y a pesar de la basta documentación que la DSI tiene,  muchísima gente y varios obispos que apoyan abiertamente la actividad  minera y rechazan a las organizaciones que se oponen a la  misma, otros que, sobre todo en los últimos años ante el magisterio  de Francisco, lo hacen de forma silenciosa,  y aquellos que “ no saben no contestan”   evitando pronunciarse. Un ejemplo triste de ellos ha sido Catamarca, donde el mismo obispado “bendecía a la mina La Alumbrera” y desconocía la preocupación y la lucha de la comunidad de Andalgalá o el desamparo que siempre manifestaron sentir los vecinos de Jáchal, en San Juan, por parte de la Iglesia.

La aparición de organizaciones  que se oponen a la actividad minera, en algunos lugares por fuera de la Iglesia pero en otros justamente dentro o ligada a las mismas es un fenómeno  que se dio en toda Latinoamérica en forma similar y hay que destacar el papel que juegan  muchas congregaciones religiosas  que, desde sus compromisos misioneros (acompañando las comunidades de las periferias geográficas de América) o educativo, fueron participando protagónicamente en la doble tarea de, por un lado, estar en la comunidad, ver y sufrir su realidad y sus temores y acompañar sus luchas y, por otro lado, “presionar” hacia arriba, a las autoridades clericales, para que se involucren en la problemática. Fue así como surge la respuesta de las jerarquías episcopales acompañando estos procesos. No hubo ni hay un involucramiento espontáneo, sino que siempre es una respuesta a la demanda de una comunidad que primero se organizó para oponerse.

El documento Orientaciones Pastorales de la Iglesia Católica frente a la Minería (2025) reconoce la gravedad de los impactos que la minería genera en América Latina y en el llamado Sur Global y denuncia como una falsa solución el argumento de que esta actividad es necesaria para la transición energética. Distingue entre una minería esencial y otra depredadora —siendo esta última la que predomina en la región—, que destruye ecosistemas y comunidades en beneficio de los países del Norte Global. Reafirma el compromiso de la Iglesia de ponerse del lado de los pueblos oprimidos, promover modos de vida más austeros y fortalecer el protagonismo de los fieles en la defensa de la Casa Común. Finalmente, advierte que la Iglesia no puede ser una mediadora neutral entre empresas y comunidades, sino la voz de quienes son silenciados, alertando sobre los riesgos de cooptación por parte de intereses corporativos.

Imagen 5. Integrantes de la Red iglesias y Minería

_{Fuente: RIM}

¿Hacia dónde vamos? El caso de Mendoza como un faro de la región

Es aquí donde nace, entre otras, la Red Iglesias y Minería (RIM) que está haciendo oír la voz de las comunidades dentro de la Iglesia Católica y otros credos y religiosidades o espiritualidades del continente y del mundo.  Surgida del encuentro y la iniciativa de integrantes del Observatorio Conflictos Mineros América Latina (OCMAL – organización no confesional, pero en la que confluían muchos creyentes), promueve y alienta esta organización especifica de ambientalistas creyentes convencidos de que el posicionamiento de la Iglesia a favor de las comunidades tiene mucho peso estratégico

Los encuentros organizados con afectados por la minería dan muestra de que la iglesia “oficialmente” tiene una postura muy crítica de la actividad minera y la hace pública independientemente de lo que algunos (incluidos miembros del clero y de la jerarquía episcopal) puedan opinar por sí mismos.  Hay una postura oficial sostenida por la DSI de denuncia de los atropellos sobre el ambiente o Casa Común y sobre las violaciones de derechos humanos y la dignidad innegociable de las personas y comunidades por parte de las empresas mineras y los gobiernos, y hay un llamado claro a involucrarse y participar, no solo como espectador externo sino como protagonista en la defensa de las comunidades y de la Casa Común. 

Descubrimos también que las formas de oposición, de conocer, de difundir el conocimiento, los aciertos y los errores tampoco son propiedad de nuestra comunidad, sino que sorprendentemente se replican casi en forma idéntica en lugares geográfica y culturalmente distantes. Y descubrimos que, en la Iglesia, incluida la jerarquía episcopal, las expresiones y acciones de solidaridad y apoyo a las comunidades son muchas y muy contundentes.

La posibilidad de conectarnos con otras personas y comunidades que atraviesan los mismos problemas —especialmente con quienes han padecido desastres ecológicos mineros o han visto, tras años de explotación, destruida su forma de vida, su salud y su cultura ancestral sostenible— reafirma la convicción de que la actividad minera resulta profundamente dañina para las comunidades. Conocer de primera mano los testimonios de las víctimas de la minería —ya sea por tragedias como las de Brumadinho (ver imagen 6), los derrames de Veladero, las matanzas de La Guajira por el oro, la contaminación y las enfermedades en La Oroya, la criminalización de los defensores ambientales, los procesos judiciales encubiertos de las empresas mineras, los desplazamientos forzados en Copiapó y en diversas regiones del Perú y las aguas contaminadas que vuelven inhabitables tantos territorios—, pero también las heroicas resistencias de Tambo Grande, las leyes de prohibición conquistadas en provincias argentinas o en países como El Salvador (hoy desarmadas), y los numerosos movimientos que se oponen a la megaminería nos fortalecen en esa certeza. En esta nueva era de comunicación masiva, descubrimos además que, en muchos lugares y especialmente a partir del magisterio de la Iglesia actualizado por Francisco, las jerarquías eclesiales comienzan a manifestarse con creciente contundencia frente a esta actividad extractiva, acompañando —e incluso liderando— las luchas impulsadas por la perseverancia de laicos y religiosos vinculados a los movimientos ambientalistas comunitarios.

Imagen 6. Brumadinho, Brasil (2019). Rotura de la represa de la minera Vale deja al menos 60 muertos

En este periodo hacen su aparición y se organizan redes internacionales que dedican parte o todo su esfuerzo en denunciar los abusos de la minería, comunicar sus graves e irreversibles consecuencias ambientales y sociales y la permanente violación de derechos humanos, ocupando el rol que debería ser de los estados que, por el contrario, se unen a las empresas y se dedican a promover la actividad mostrando solamente los supuestos beneficios económicos. Mientras los estados deberían ofrecer una información completa y leyes de protección ambiental y social y favorecer el bien común por sobre los intereses corporativos empresariales transnacionales, siguen operando a favor de las empresas y dedicando fondos públicos en estrategias pro-mineras. Es aquí donde la organización vecinal, fundamentalmente, y las Redes ambientales y de derechos humanos, asumen el papel de “ser la voz disonante en un discurso oficial. Existen numerosos ejemplos como la Red Panamasonica, la Red Muqui, Grufides, OLCA, OCMAL, que son espacios de organización donde las comunidades encuentran contención, fundamentos y apoyo. En la medida en que consigue conversar e intercambiar informaciones, la gente logrará también avanzar en estrategias comunes y fortalecer nuestras acciones. Es por ello que estamos tratando de afirmar una comunidad eclesial desde la fe para defender la vida. Y necesitamos unir fuerzas y también hacer conocer todo este flagelo que están sufriendo los pueblos, todos estos proyectos de muerte que amenazan la vida.

Decía el Papa Francisco a las comunidades afectadas por la minería en el Vaticano:

“Os habéis querido reunir (…) para que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias a menudo, demasiado negativas, de la minería. Un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos, discreta o descaradamente pisoteados por cuanto respecta a la salud de las poblaciones, por las condiciones de trabajo, a veces por la esclavitud y la trata de personas que alimenta el trágico fenómeno de la prostitución; un grito de tristeza e impotencia por la contaminación del agua, del aire y del suelo; un grito de incomprensión por la carencia de procesos inclusivos y del apoyo de las autoridades civiles, locales y nacionales, que tienen el deber fundamental de promover el bien común. Somos territorio, somos naturaleza, somos Pachamama. En el amor al Dios de la vida, a todos los seres de la creación, y en el amor por nuestra hermana y madre tierra, les convocamos a ser parte de esta red, a defender la vida, a defender a los más necesitados y a cuidar nuestra casa común.”

Actualmente, el proyecto minero de cobre San Jorge^[ii], ubicado en Uspallata (provincia de Mendoza), representa una de nuestras mayores preocupaciones. Este emprendimiento avanza en medio de graves irregularidades, amparado por una justicia parcializada que parece favorecer a la empresa y al Gobierno provincial en detrimento de las comunidades que han expresado su rechazo. Las audiencias públicas y los mecanismos de participación se organizaron en condiciones que restringen el acceso y la expresión ciudadana, mientras que las voces críticas son objeto de criminalización y procesos judiciales. Se trata de un proyecto sin licencia social y contundentes cuestionamientos científicos y legales, sostenido por una lógica extractivista que amenaza el agua, el territorio y los derechos de las comunidades locales. En Mendoza dependemos de cada gota de agua. Por eso, advertimos con preocupación que la persecución de quienes defienden el ambiente no solo vulnera derechos fundamentales, sino que agrava los conflictos, empujándolos hacia escaladas de violencia que terminan golpeando a los más débiles. Cuando la justicia deja de ser imparcial y se pone al servicio de los intereses económicos y políticos, la vida misma —la de las personas y la de la Casa Común— queda en riesgo.

Porque defender el agua, el territorio y la vida no es solo un acto político, sino también un gesto de fe. Como nos recordó el Papa Francisco en Laudato Si’, “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental”. En tiempos donde el poder económico pretende silenciar las voces de los pueblos, la Iglesia está llamada a ponerse del lado de quienes cuidan la Casa Común. Hablar de minería es, entonces, hablar del Evangelio hecho compromiso con la vida.

“Pastores del Pueblo de Dios, levanten fuerte su voz y únanse al clamor de los pueblos” (Alessandra Smerilli secretaria del Dicasterio para el desarrollo Humano Integral. Vaticano)

Imagen 7. Red Iglesias y Minería – Nodo Argentina

Referencias

Encíclica Laudato SI. Del Santo Padre Francisco. Sobre el cuidado de la Casa Común. Disponible en https://www.oas.org/es/sg/casacomun/docs/papa-francesco-enciclica-laudato-si-sp.pdf 

Parlamento Europeo 2010. Prohibición del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro. Disponible en https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0074:0077:ES:PDF

Orientaciones Pastorales de la Iglesia Católica frente a la Minería 2025 Disponible en https://iglesiasymineria.org/wp-content/uploads/2025/07/ORIENTACIONES-PASTORALES-DE-LA-IGLESIAS.pdf

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[i] _{Miembro de la Pastoral de Ecología Integral del arzobispado de Mendoza y del Nodo Argentino de la Red Iglesias y Minería. Es docente, jubilado y activista de las Asambleas Mendocinas Por Agua Pura.}

[ii] _{Es un proyecto de extracción de cobre ubicado en Uspallata, departamento Las Heras. La empresa PSJ presentó un nuevo Informe de Impacto Ambiental y en 2025 volvió a iniciar su evaluación administrativa con una inversión estimada en torno a US$559 millones, generando audiencias públicas y un amplio rechazo social y movilizaciones en Uspallata.}