Reforma de la ley de glaciares y RIGI: ¿Quién decide sobre el agua?*

Por Mariano Novas (Observatorio del RIGI, Área de Ambiente y Política UNSAM)

El intento de reforma de la Ley de Glaciares vuelve a poner en el centro una vieja discusión: la politización sobre el uso del agua. La propia ley fue concebida en los acalorados debates de 2008 y 2010 justamente como una forma de proteger reservas hídricas estratégicas en un país donde más del 60% del territorio es árido o semiárido. Ese cambio fue fundamental porque permitió transformar conflictos mineros locales en un problema público más amplio, vinculado al agua, el territorio y el futuro de esas regiones.

Hoy, el avance del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) intenta nuevamente correr el eje de la discusión, desde el agua hacia el negocio minero. El desplazamiento de las instituciones científicas y de la sociedad civil de las audiencias públicas deja al descubierto los intereses detrás de la reforma. La discusión sobre la Ley de Glaciares ya no es solo ambiental: es una discusión sobre quién produce conocimiento, quién decide sobre el territorio y quién controla el agua en la Argentina que viene.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, luego de varios años de litigio impulsado por la empresa Barrick Gold y el gobierno de la provincia de San Juan. En su fallo, la Corte estableció que la protección de los glaciares es una responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias y reafirmó que los derechos individuales, como el derecho de propiedad o de explotación económica, deben ceder ante derechos colectivos como el derecho al ambiente y al agua.

La combinación entre la reforma de la Ley de Glaciares y el RIGI puede generar un punto de no retorno para los glaciares. Irreversibilidad jurídica y ambiental. Reglas que no se pueden cambiar y territorios que no se pueden restaurar.

El RIGI no solo otorga beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios por 30 años, sino que también declara a los proyectos adheridos como de “interés nacional” y establece un esquema de estabilidad normativa que limita la posibilidad de que provincias y municipios establezcan nuevas regulaciones que puedan afectar a las inversiones. Aunque el régimen abarca diversos sectores económicos, la evidencia muestra que más del 95% de las inversiones comprometidas se concentran en actividades extractivas, especialmente minería e hidrocarburos. El sector minero encontró en el RIGI una oportunidad para reactivar proyectos que se encontraban paralizados por conflictos sociales, restricciones ambientales o causas judiciales. De este modo, el RIGI funciona como un mecanismo de presión política para remover o deteriorar resistencias o normas ambientales, ya sea mediante la aceleración de permisos, la intervención del gobierno nacional en conflictos provinciales o el uso de dispositivos de seguridad para garantizar la continuidad de los proyectos.

Los datos del Inventario Nacional de Glaciares muestran que la mayor parte de la superficie glaciar del país se ubica en la región patagónica, donde se concentra más del 60% del área glaciar de la cordillera. Sin embargo, las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut cuentan con normativas provinciales que restringen la actividad minera en la cordillera o han zonificado el territorio para evitar la expansión en zonas glaciares. En efecto, si bien se conoce del potencial minero en la región, por el momento la actividad se encuentra suspendida.

Ahora bien, el escenario es muy diferente en Mendoza, San Juan y Catamarca, donde coinciden tres factores clave: 1) una superficie relevante de glaciares y periglaciares, 2) emergencia hídrica y, 3) la presencia de proyectos mineros en fases de factibilidad o de exploración avanzada. Estas tres provincias poseen poco más del 30% de los glaciares del total nacional, Mendoza (21%), San Juan (11%), y Catamarca (1%) pero también un potencial enorme en cobre y oro.

Por eso, si se observa el mapa minero argentino, el sentido de la reforma se vuelve más claro. Argentina cuenta con más de 300 proyectos mineros en cartera, de los cuales 30 se encuentran en un radio de cercanía menor a 10 kilómetros o se superponen con ambientes glaciares y periglaciares. Entre los que buscan ingresar al RIGI, varios se ubican precisamente en estas zonas, especialmente proyectos de cobre y oro localizados en San Juan, Mendoza y Catamarca. Según el Observatorio del RIGI, la mayoría de los 17 proyectos mineros que buscan adherir al régimen son de litio. Sin embargo, los de cobre son los más importantes en términos de inversión comprometida y son los que el gobierno busca impulsar por su relevancia exportadora. Los Azules, El Pachón, Agua Rica y el proyecto Vicuña, que incluye Josemaría y Filo del Sol concentran inversiones cercanas a los 23.000 millones de dólares y se ubican en zonas de alta montaña donde la presencia de glaciares y ambiente periglacial establece restricciones ambientales; allí donde nacen las cuencas que abastecen a las poblaciones y economías regionales de las zonas áridas del país.

La Ley de Glaciares fue discutida en el Congreso, construida con evidencia científica y ratificada por la Corte Suprema en 2019. Sin embargo, los gobiernos (nacional y provinciales) buscan reformar el texto normativo dándole la espalda a la sociedad civil y a las instituciones científicas-académicas especializadas con el único objetivo de facilitar inversiones mineras y blindar a las empresas de futuros litigios por daños ambientales irreversibles. La discusión sobre la minería en la cordillera es, en realidad, una discusión sobre el agua. Y la discusión sobre el agua es, inevitablemente, una discusión sobre el poder: quién decide sobre el territorio, quién se beneficia de los recursos y quién asume los costos ambientales.

*Nota originalmente publicada en Tiempo Argentino: https://www.eldiarioar.com/opinion/tribuna/decide-agua_129_13125475.html