La reforma constitucional jujeña, la represión a la protesta social y las detenciones ocurridas en ese marco fueron noticia durante las últimas semanas.
Parte del rechazo a la reforma se relaciona con el retroceso en el reconocimiento de derechos a comunidades indígenas sobre los territorios que habitan ancestralmente.
Uno de los sectores que promueve el gobierno provincial es la minería de litio para la transición energética, este mineral se encuentra en salares habitados por comunidades.
En este artículo, Deborah Pragier y Mariano Novas analizan cómo se relaciona la reforma con el reclamo histórico indígena.
Su argumento central es que los desafíos climáticos globales no pueden resolverse sin la participación efectiva y respeto de los derechos de las comunidades que habitan el territorio.