Notas temáticas:

• Área de Ambiente y Política: décimo aniversario y repaso de la política ambiental en Argentina
• Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina
• Minería metalífera e hidrocarburos
• ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La Ley de Bosques a 14 años de su sanción
• El proceso de transición energética y la descarbonización en Argentina
• Avances y pendientes en la gestión integral de residuos con inclusión social en los últimos diez años en la Argentina
• 10 años de actividad agropecuaria

Aspectos relevantes y desafíos en educación y comunicación ambiental en Argentina*

*Cinthia Shammah y Alejandra Reich

Antecedentes relevantes previos a 2011

La crisis ambiental impactó en la sociedad de tal forma que se encuentra interpelada y presiona para un mayor involucramiento en los procesos decisorios. La sociedad incide en las políticas públicas y apunta a un mayor control del Estado para lograr un cambio en los procesos y en los hábitos. (De Vedia, 2020) Si bien se presenta una ciudadanía participativa y comprometida, se presentan obstáculos en el acceso a información, conocimiento y educación ambiental. Esto permite suponer que se requiere de herramientas de participación que habiliten la toma de decisión en espacios institucionales (Weissman, 2009). En este sentido, los procesos educativos y comunicacionales se han convertido en ejes centrales.

Los medios de comunicación se han diversificado de tal forma que han impactado en la masividad, la interconectividad, accesibilidad e inmediatez. La comunicación dejó de responder al clásico modelo verticalista y unidireccional, en el que solamente unos pocos producían y distribuían la información, y mutó hacia otro en el que coexisten múltiples generadores de contenido. Este proceso se convirtió en un aliado de la comunicación ambiental, ya que favorece el tejido de redes, acceso a información y movilizaciones para la acción colectiva (Walter, 2008).

En materia de educación ambiental, desde fines de los 90´ se comenzaron a introducir algunos contenidos referidos a los “problemas ambientales” en las currículas de varias materias de distintos niveles. Esto se produjo generalmente como un aspecto dentro de un programa disciplinar curricular más próximo a las ciencias naturales que a las sociales. Una concepción fragmentaria, poco profunda   y lejos de la integralidad (Saidón, 2016). 

A partir de 1999, y en el marco de un impulso a nivel regional, se dio lugar al documento base de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) para la República Argentina. Se trata de un extenso documento fundamentado entre otras, en las recomendaciones de la Agenda XXI (cap. 36) Río 92¹. Se inició luego un período intenso de transformación y actualización de la normativa ambiental argentina amparada en el artículo 41 de la Constitución Nacional de 1994, que dio como fruto varias leyes estratégicas. Entre ellas se destaca la Ley 25.675² de Política Ambiental Nacional, de Presupuestos Mínimos para la Gestión Sustentable, de 2002, y, en 2006, la Ley 26.206³ General de Educación, que hace lo propio en su artículo 89. Ambas completan el marco legal general para la Educación Ambiental Argentina.

En cuanto a acceso a información ambiental, se estableció la Ley Nacional 25831/04⁴ que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrase en poder del Estado en sus diversos niveles, como así también de entes autárquicos y empresas que presten servicios públicos (públicas, privadas o mixtas). Y se suma la anteriormente mencionada Ley 25.675 que consagra el derecho de “todo habitante” de obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.

Los últimos años en la cuestión de la educación y comunicación

En los últimos años a nivel mundial y en Argentina, se produjeron relevantes avances en materia normativa en los campos de la educación y comunicación ambiental. Esto se produce en relación con fuertes y profundos conflictos ambientales activados por movimientos sociales y grupos organizados, un mayor interés por el acceso a conocimiento e información y demandas por establecer mecanismos de participación en los procesos decisorios.

Durante 2020, la pandemia por el coronavirus puso en evidencia muchas necesidades, entre ellas la de que el Estado adopte un rol efectivamente proactivo en el tema ambiental, lo que incluye la educación. El actual gobierno ha tomado como base un proyecto de ley de educación ambiental 27.621⁵ que había obtenido media sanción en 2015, presentado por la entonces diputada Adriana Puiggrós. El 14 de mayo de 2021 se aprobó la Ley de Educación Ambiental Integral para la República Argentina, que tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional conforme lo dispuesto en las leyes mencionadas anteriormente. La norma establece la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral y Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral, a los fines de alcanzar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades. 

En cuanto a la necesidad de comenzar a capacitar y sensibilizar a los y las empleados del Estado, el 17 de noviembre del 2020, se promulgó la Ley Nº 27.592⁶, más conocida como “Ley Yolanda”, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública. El objetivo principal de la Ley Yolanda es que las y los funcionarios públicos consideren la transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación y la implementación de las políticas públicas. El poder Ejecutivo nacional designó, como autoridad de aplicación de la Ley Yolanda, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, será quien establecerá los lineamientos generales, procurando que dichos lineamientos incorporen tanto las dimensiones de sensibilización como de transmisión de conocimientos. Por otro lado, recientemente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha adherido a la Ley Yolanda a través de su acuerdo plenario Nº 1134/21 con el objetivo de que el personal docente y no docente de las Universidades Nacionales se sume a la capacitación.

Referido a acceso a información pública y mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones se sancionó la Ley Nº 27.275⁷ de Derecho de Acceso a la Información Pública. Asimismo Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú⁸ primero de derechos ambientales y nuevo tratado de derechos humanos (FARN, 2020)  Argentina, como estado parte, que tiene por objetivo garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, propiciar la participación pública en la toma de decisiones ambientales, favorecer el acceso a la justicia en temas ambientales, así como proteger a las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano, con desarrollo sostenible. (Azerrat, 2020) En función de esto, se establece la necesidad de desarrollar mecanismos de rendición de cuentas a través de procesos amplios y transparentes y con acceso a datos estratégicos. (Belmonte 2019, Emanuele, 2019).

Desafíos para los próximos años

Quedan pendientes, como desafíos importantes:

• Fortalecer la implementación de políticas efectivas para el acceso a información, educación, comunicación y estrategias de participación en el campo ambiental.
• Fomentar la participación e incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones, estableciendo canales de comunicación y promoviendo la educación.
• Garantizar el acceso a derechos incorporados como el acceso a información y justicia.
• Profundizar en contenidos y recursos didácticos y procesos para el conocimiento y formación docente, incorporando la dimensión ambiental en su integralidad y complejidad.
• Establecer articulaciones entre la educación formal y no formal.
• Establecer acuerdos institucionales para desarrollar acciones tendientes a comunicar, sensibilizar, generar contenidos en torno a derechos ambientales.
• Promover la comunicación comunitaria y la construcción de espacios colectivos por diversos canales y mecanismos.

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Bibliografía

Azerrat, J.M (2020) La Cámara de Diputados de la Nación ratificó el Acuerdo De Escazú: Qué implicancias tiene para el futuro de los temas socioambientales? Disponible en https://gapepyg.com/2020/09/28/la-camara-de-diputados-de-la-nacion-ratifico-el-acuerdo-escazu-que-implicancias-tiene-para-el-futuro-de-los-temas-socioambientales/

Belmonte, A. (2019). Instrumentos De Participación Ciudadana. Área de políticas públicas, UnCUYO. Disponible en: http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/upload/PARTICIPACION_CIUDADANA.pdf

De vedia M. (2020), La comunicación ambiental actual, ¿aliada u obstáculo?  En Informe Ambiental FARN. Disponible en https://farn.org.ar/iafonline2020/articulos/6-3-la-comunicacion-ambiental-actual-aliada-u-obstaculo/

Emanuele, G., Battilana S., Amado A. (2019). Información pública para la transparencia: acceso a la información para periodistas y sociedad civil/; – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung. Disponible en: https://poderciudadano.org/wp-content/uploads/2020/12/Informacion_Publica_para_la_Transparencia.pdf

FARN (2020) Acuerdo de Escazú: la importancia de un nuevo acuerdo de derechos humanos para la Argentina. En Informe Ambiental FARN. Disponible en https://farn.org.ar/iafonline2020/articulos/5-1-acuerdo-de-escazu-la-importancia-de-un-nuevo-acuerdo-de-derechos-para-la-argentina/

García, D., Reich, A. y Tobi, X, (2019). Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas. Buenos Aires: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Disponible en:   www.academia.edu/39097521/Estrategia_Nacional_para_la_Sustentabilidad_en_las_Universidades_Argentinas

Saidón, M. y Claverie, J. (2016). Percepciones de docentes y directores sobre los factores que promueven u obstaculizan la educación ambiental en el aula.  Ciencia &Educação 22(4), 993-1012.

Walter, M. (2008). Nuevos conflictos ambientales mineros en Argentina. El caso Esquel (2002-2003). Revista Iberoamericana de Economía Ecológica. Vol. 8. (2008). REDIBEC, 2008. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/engov/20130828052512/rev8_02.pdf

Weissmann, H. (2009). La Agenda 21 Escolar de Barcelona: el camino hacia una escuela sustentable. En: Enriqueciendo las propuestas educativo-ambientales para la acción colectiva. Buenos Aires: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Notas al pie

^[1] ONU, Agenda XXI, 1992 Disponible en: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/

^[2] Ley 25675, Política Ambiental Nacional, 2002, Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm

^[3] Ley, 26206 Ley de Educación Nacional, 2006 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=123542

^[4] Ley 25831, Ley Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, 2003 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm

^[5] Ley 27621, Ley para la implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina 2021 Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245216/20210603

^[6] Ley 27592, Yolanda, 2020, Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=345172

^[7] Ley 27275, Derecho de Acceso a la Información Pública, 2016. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/norma.htm

^[8] Acuerdo de Escazú, X Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/escazu