A fines de 2011, el entonces gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri (FPV), anunció el proyecto de comenzar prospecciones de hidrocarburos no convencionales en territorio provincial a través del método de fracking o fractura hidráulica. En ese entonces, Urribarri afirmó que, “si le sumamos la industria petrolera a nuestra capacidad para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano”[1]. Mientras las empresas petroleras se entusiasmaron ante el potencial negocio, este anuncio despertó resistencias sociales que denunciaron los costos ambientales del fracking y rechazaron la actividad.

Seis años después, y luego de que Gustavo Bordet (también del FPV) sucediera a Urribarri como gobernador, el 25 abril de 2017 la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un proyecto de ley enviado desde el Senado, convirtiendo a Entre Ríos en la primera provincia argentina en sancionar una ley que prohíbe la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica. A su vez, la ley provincial obliga al poder ejecutivo a promover acciones que garanticen la protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní, e invita a provincias que comparten este acuífero a legislar en favor de su protección. Esto sucede mientras se realizan prospecciones para explotación de hidrocarburos no convencionales en localidades vecinas ubicadas en Uruguay.La ley anti-fracking entrerriana fue sancionada a la par que el presidente Mauricio Macri (Cambiemos) promocionaba el proyecto de Vaca Muerta, Neuquén, en Houston, Estados Unidos, y exponía las ventajas de los hidrocarburos no convencionales, en continuidad con la política de hidrocarburos de los anteriores gobiernos del FPV. ¿Cómo entender que, en un contexto en que la actividad es fuertemente promovida por el gobierno nacional, la provincia de Entre Ríos pasara, en el plazo de unos pocos años y bajo el mismo partido gobernante, de anunciar grandes proyectos de prospección a sancionar una ley prohibiendo el fracking? Identificamos tres elementos que favorecieron la restricción de la actividad hidrocarburífera no convencional en Entre Ríos: 1) el accionar de las resistencias sociales y la pluralidad de actores involucrados,2) las particularidades de la matriz económica entrerriana y3) un contexto económico productivo que limitó los incentivos para la explotación del fracking.
En primer lugar, las resistencias sociales ambientalistas resultaron muy importantes tanto en la instalación del debate en torno a la actividad como en el impulso de legislaciones que prohibiesen el fracking. Esas resistencias tuvieron dos características centrales: por un lado, una marcada pluralidad de actores que involucró asambleas ambientalistas, profesionales, sectores religiosos, gremios y actores estatales nucleados en el Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking y, por otro lado, la apelación a un repertorio de acción que combinó episodios menores de protesta, presentaciones de amparos ambientales[2] y vinculaciones con actores legislativos –locales y provinciales- en pos de la elaboración de proyectos de prohibición de fracking.Este accionar permitió que al menos treinta y siete municipalidades, ligadas principalmente a la actividad agrícola-ganadera, sancionaran ordenanzas de restricción a las técnicas de fracking, lo que constituyó un importante antecedente para la sanción de la ley provincial.
En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, Entre Ríos posee una gran diversidad productiva y no tiene antecedentes de explotación de hidrocarburos (a diferencia, por ejemplo, de Neuquén). Esta particularidad nos muestra dos cuestiones centrales. Por un lado, la provincia cuenta con sectores económicos diversos de gran relevancia que pueden entrar en tensión e incompatibilidad con el fracking. Por otro lado, el gobierno tiene menores incentivos para avanzar con una actividad socialmente rechazada al poseer fuentes alternativas de recaudación ligadas a estos sectores productivos significativos. Las principales actividades económicas de Entre Ríos incluyen la producción agrícola (cítricos, arándanos, soja, arroz y maíz), la industria avícola, la explotación ganadera y el turismo. En contraste con la relevancia económica y política de esos sectores, la provincia no tiene antecedentes en la explotación de hidrocarburos y no cuenta, por tanto, con actores económicos preexistentes que promuevan esa actividad.
Finalmente, la restricción del fracking en Entre Ríos coincidió con una caída significativa de los precios del petróleo, la que no se detiene desde 2011. Ello, sumado a los altos costos de inversión requeridos para la exploración y potencial explotación, tornan poco atractiva la actividad en la provincia entrerriana.
La sanción de la primera ley provincial que prohíbe el fracking muestra, además, que en Argentina las políticas ambientales y las discusiones sobre energía y desarrollo siguen caminos disímiles. Al tiempo que en Neuquén se avanza sobre los hidrocarburos no convencionales, Entre Ríos los restringe. Mientras avanzan las inversiones en energías renovables, la presión sobre la minería de litio –esencial para el aprovechamiento de estas energías- incrementa las preocupaciones sobre sus potenciales impactos ambientales. Así, la compleja relación entre política y ambiente seguirá dando lugar a apasionantes debates.

Lucas Christel y Mariano Novas, mayo de 2017

[1]http://www.entrerios.gov.ar/noticias/extras/nota/imprimir.php?id=27520

[2]http://www.eldiaonline.com/la-justicia-entrerriana-dio-curso-al-amparo-contra-el-fracking/

[2]http://www.eldiaonline.com/la-justicia-entrerriana-dio-curso-al-amparo-contra-el-fracking/