En las últimas semanas la provincia de Mendoza se convirtió en un escenario de fuertes debates en torno al fracking. La intención del ejecutivo provincial de avanzar con la explotación de hidrocarburos no convencionales no fue bien recibida por asambleas ambientalistas, actores económicos y distintos sectores opositores. Durante los pasados meses de abril y mayo se sucedieron protestas, pedidos de leyes de restricción del fracking y se multiplicaron las controversias respecto de los impactos ambientales de la actividad.

La estimulación hidráulica o fracking busca extraer petróleo o gas natural de un pozo ubicado en una formación de roca con baja permeabilidad. Consiste en la perforación vertical y la posterior inyección a gran presión de agua (95%) mezclada con arena (4,5%) y productos químicos (0,5%). Este mecanismo produce fracturas que se extienden hacia afuera del pozo, creando una red de fracturas horizontales interconectadas que permite que el hidrocarburo fluya desde los poros en la roca hasta el pozo de producción.

La apuesta por el fracking en Argentina ha tomado impulso luego del descubrimiento en 2010 del yacimiento Vaca Muerta –segundo reservorio de mayor potencial a nivel mundial- y la sanción la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley 26.741/12) que declara de interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. En el caso de Mendoza, el sur de la provincia forma parte de  la Cuenca Neuquina, mientras que el norte integra la Cuenca Cuyana. De acuerdo a las informaciones oficiales, ambas formaciones poseen potencial de explotación mediante la fractura hidráulica.

La conflictividad en torno al fracking en Mendoza no es una novedad; sin embargo en los últimos tiempos tomó una dimensión inusitada. Durante el año 2013 ya se habían producido una serie de protestas y rechazos ciudadanos contra la explotación de hidrocarburos no convencionales. Así, en mayo de ese año Tupungato fue el primer municipio de la provincia en declararse libre de fracking, al cual se le unieron posteriormente Tunuyán, San Carlos y General Alvear. Luego de estas restricciones a nivel local, el conflicto entró en un estado de latencia.

Sin embargo, el rechazo a la actividad recrudeció a partir de marzo de este año cuando el ejecutivo provincial, comandado por Alfredo Cornejo (Cambiemos), publicó el Decreto 248/18 que reglamenta la evaluación ambiental para las empresas que quieran explotar fracking en Mendoza. Rápidamente, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) denunciaron que “el gobierno aprobó de modo ilegal e ilegítima una reglamentación que, lejos de proteger el agua y los ambientes mendocinos, los pone en alto riesgo y flexibiliza los requisitos en las áreas ya concesionadas”, al tiempo que la Red Ambiental OIKOS presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra del decreto (Resumen Latinoamericano, 2018).

En este contexto de conflictividad creciente se combinaron las protestas sociales y las presentaciones institucionales para restringir el avance del fracking en Mendoza. Por un lado, a finales de abril se sucedieron las mayores movilizaciones. El 24 de abril se realizó una masiva asamblea de cerca de 8 mil personas en General Alvear y otras manifestaciones significativas en Tunuyán, General Alvear, San Rafael, Uspallata, Tupungato y la ciudad de Mendoza. Por otro lado, un mes después de la gran movilización de General Alvear, desde AMPAP presentaron en la Legislatura provincial un proyecto de Ley para restringir la explotación petrolera mediante la técnica de fracking o fractura hidráulica. El texto del anteproyecto,  acompañado por más de 40.000 firmas, fue producto de un debate técnico, académico, legal, jurídico, político, ambiental y social, entre una pluralidad de actores mendocinos (No a la Mina, 2018).

Una característica transversal a este tipo de conflictos en torno a las actividades extractivas es la controversia experta y la consolidación de posiciones antagónicas respecto de los riesgos ambientales del fracking. Mientras los sectores ambientalistas denuncian la utilización de químicos y advierten sobre las posibilidades de contaminación de los recursos hídricos mendocinos, actores estatales y empresarios defienden la inocuidad de la actividad al tiempo que enfatizan la potencialidad económica y el eventual aporte que podría realizar a las finanzas provinciales.

El docente de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo Marcelo Giraud –además integrante de AMPAP- profundizó sobre el peligro de contaminación ambiental del fracking: “la utilización de una serie de químicos de distinto grado de riesgo para llegar a la fractura hidráulica (…) y los volúmenes de sustancias químicas que superan las características que se utilizan para los yacimientos convencionales”. Así, la posibilidad de filtración de estos líquidos hacia las napas de agua genera intranquilidad en distintos sectores de la población (El Sol, 2018). Por su parte, Federico Soria, técnico en conservación de la naturaleza, además de alertar sobre daños ambientales y la posibilidad de que la fractura hidráulica genere actividad sísmica, denuncia “la trampa económica del fracking, ya que su tasa de retorno energético es negativa y su ecuación monetaria no cierra; por ende, el Estado viene subsidiándolo onerosamente (…) ante esto y el cambio climático golpeándonos, el Estado debería invertir recursos financieros e incentivar líneas de investigación y formación profesional para reconvertir dicha matriz en energías limpias y libres” (Los Andes, 2018)

Contrariamente, Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, hizo un llamado a los ciudadanos y pidió: “que se informe, que vaya a las fuentes, que no se deje llevar por un sector que se opone a todo y que está vinculado con la oposición política”. Adicionalmente, sostuvo que “no se usa un cóctel de químicos, fundamentalmente se usa arena y las sustancias que se emplean son para no haya obturaciones y el petróleo fluya”. Respecto de los riesgos de filtración desde los caños de perforación hacia los acuíferos, agregó que “está totalmente aislado y asegurado para que se impida el paso de los líquidos” (El Sol, 2018).

Con una argumentación similar, Daniel Tramontana, ingeniero en petróleo de UNCuyo, afirmó: “No hay consumo de agua dulce. No hay posibilidad de contaminación de napas superficiales. Éstas están a 300 ó 400 metros como mucho y las formaciones productivas se encuentran a 3.000 ó 4.000 metros de profundidad”. Finalmente, agregó: “En Mendoza se fracturan las formaciones desde hace, al menos, 50 años. Cuando se viaja por Agrelo, Anchoris, Lunlunta, (primera zona del malbec), se observan los ‘caballitos’ o ‘burros’, simplemente equipos de bombeo mecánico. Hay muchos a la vera del río Mendoza y nunca, jamás, ha habido transferencia del crudo al lecho del río. Claro, si no tenemos petróleo propio, habrá que comprarlo al exterior, como sucede hoy” (Los Andes, 2018b).

El fracking en Mendoza se encuentra en pleno debate. La sociedad civil mendocina tiene antecedentes de organización en torno a las temáticas ambientales y una fuerte tradición de defensa del agua. Recordemos que años atrás, en 2007, en un contexto de presión social y de campaña electoral por la gobernación, la legislatura sancionó una ley que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio provincial. En esta ocasión, la firme apuesta del ejecutivo provincial –y nacional- por el fracking y la existencia de un sector petrolero significativo –mayormente centrado en Malargüe- complejizan los intereses en juego. De una y otra manera, la tensión entre protección ambiental y desarrollo productivo suma un nuevo capítulo en la provincia, conformando coaliciones y discursos encontrados y sin que se vislumbre una rápida salida a este conflicto.

Lucas Christel y equipo del GAP, junio de 2018.