El Área Ambiente y Política (AAP) se manifiesta en contra de la sanción de la ley que modifica la Ley 7722 en Mendoza. La ley reformada prohibía el uso de sustancias tóxicas, tal como el cianuro. 

La modificación a la ley habilita el desarrollo de la actividad minera en el territorio provincial. Esto no sólo pone en peligro el acceso a la cantidad y calidad necesaria de agua para el consumo doméstico de la comunidad mendocina, sino que también va en desmedro del desarrollo de economías tradicionales, tales como la fruticultura, la vitivinicultura, la industria y el turismo. 

La sanción de la Ley 7722 no fue fácil, gran parte de la comunidad mendocina se movilizó para que ello suceda. Habilitar el desarrollo de la actividad megaminera, intensiva en el uso de agua, en una provincia que se encuentra en emergencia hídrica desde el año 2010; no sólo nos parece un despropósito, también lesiona los derechos democráticos de la población movilizada. Hacerlo en un tratamiento express, en una legislatura vallada y custodiada, no parece un modo apropiado de habilitar el debate público. 

“Una política ambiental activa, que promueva una transición hacia una modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de valoración de los bienes naturales”, tal como manifestó el presidente en su discurso inaugural, no se logra favoreciendo el extractivismo y la reprimarización de la economía; mucho menos tomando decisiones de espaldas al pueblo. 

Por el contrario, una Argentina sustentable será posible, sólo si también es inclusiva.