Lucas Figueroa (AAP-EPyG-UNSAM) publicó una nota de divulgación titulada «Retroceso político para la protección forestal en Argentina: La eliminación del fideicomiso de la Ley de Bosques». En ella, analiza los impactos de la eliminación de este fideicomiso, implementado en 2018 con el fin de mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos destinados a la protección de los bosques nativos.

En los últimos años, la Ley de Bosques de Argentina (Ley N° 26.331[1) ha sido un pilar clave para la protección de los bosques nativos, promoviendo su conservación y uso sustentable con sus avances y retrocesos. Uno de los instrumentos principales de esta ley es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, el cual se ha consolidado como un instrumento financiero crucial, destinado a asegurar que las provincias reciban los recursos necesarios para la gestión y preservación de estas áreas vitales (Imagen 1).

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Imagen 1. La Selva Paranaense, también conocida como Selva Misionera, es un tipo de bosque nativo argentino clave por albergar especies en peligro de extinción, como el yaguareté, y por su rol esencial en la protección de recursos hídricos y la regulación del clima. Fuente: fotografía propia.

En 2018, se introdujo un fideicomiso que cambió la manera en que estos fondos eran administrados, con el objetivo de mejorar la transparencia y la eficiencia en su uso. Este mecanismo, además de agilizar la entrega de los recursos, garantizaba que el dinero no se desviara ni se viera afectado por la inflación. Una vez establecido, las provincias podían acceder a los fondos de manera más rápida y rendir cuentas de su utilización de forma más eficiente. Este tema había generado previamente importantes dificultades administrativas y largas discusiones en la Comisión de Bosques del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente).

Sin embargo, con la reciente eliminación de este fideicomiso bajo un decreto[1] emitido por el gobierno de Javier Milei, las reglas del juego han cambiado. Si bien el Fondo de Bosques sigue existiendo, la eliminación del fideicomiso representa un retroceso significativo en la gestión de los recursos destinados a la protección forestal. Ahora, las provincias deben volver al régimen anterior, lo que implica nuevos desafíos en la administración de estos fondos.

Uno de los aspectos más preocupantes de este cambio es que las provincias tendrán únicamente un año para utilizar los fondos y rendir cuentas, lo que fortalece el control del Ministerio de Economía nacional, pero podría traer serias complicaciones en la implementación efectiva de la ley. Las estructuras administrativas provinciales, que en el pasado ya habían demostrado deficiencias, deberán reconfigurarse para adaptarse a este nuevo escenario, lo que podría ralentizar los procesos de ejecución y rendición de cuentas.

Además, bajo la nueva normativa, cualquier fondo que no sea utilizado durante el año fiscal podrá ser reasignado a otros sectores del Estado, algo que el fideicomiso evitaba. En su esquema anterior, los recursos estaban destinados exclusivamente a la conservación de los bosques, sin posibilidad de desvío. Esto aseguraba que los fondos fueran utilizados en su totalidad para el propósito original de la ley.

Otro aspecto crítico es la pérdida de protección frente a la inflación. Bajo el fideicomiso, los recursos estaban salvaguardados contra la devaluación, lo que garantizaba que el financiamiento no perdiera efectividad con el paso del tiempo. Sin esta protección, el valor real de los fondos corre el riesgo de disminuir, afectando la capacidad de las provincias para llevar adelante proyectos de conservación.

En resumen, la eliminación del fideicomiso marca un retroceso en la administración de la Ley de Bosques. Lo que había sido un avance en términos de transparencia, eficiencia y protección de los recursos destinados a los bosques nativos, vuelve a convertirse en un desafío. Las provincias enfrentarán mayores dificultades para seguir implementando esta política crucial para el medioambiente, en un contexto donde la urgencia por proteger los ecosistemas se hace cada vez más evidente.

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1] Ley N° 26331. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26331-136125

[2] Decreto presidencial N° 888/2024 (ver artículo 3). Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/315308/20241008