Por Carla Wayar* 

Te mencionamos tres ideas principales sobre la nota:

• El avance de proyectos mineros en Jujuy se superpone con territorios indígenas y campesinos, generando un aumento sostenido de conflictos socioambientales.
• En regiones como Pozuelos y Salinas Grandes, las comunidades denuncian impactos sobre el agua y la biodiversidad, así como la ausencia de consulta previa y consentimiento.
• Los casos analizados reflejan el avance extractivo sin acuerdo comunitario y las tensiones que emergen en torno a los derechos indígenas y la democracia ambiental.

En la última década, Jujuy atraviesa una fase de intensificación y expansión de la explotación a gran escala de bienes naturales. Este proceso se expresa en el crecimiento de proyectos de litio en salares y lagunas altoandinas, el desarrollo de parques de energía solar y, más recientemente, en la exploración de tierras raras. Según el catastro minero provincial de enero de 2026, cerca del 70 % del territorio jujeño se encuentra disponible para actividades mineras, lo que da cuenta de la magnitud territorial del fenómeno (Imagen 1).

Imagen 1. Catastro minero de Jujuy 2026.

Fuente: Extraído de la web oficial del Ministerio de Minería de Jujuy 2026.

El núcleo del conflicto radica en que esta expansión se superpone con territorios habitados históricamente por comunidades indígenas y campesinas de la Quebrada y la Puna. En este escenario, las comunidades han asumido un rol protagónico frente al avance de los proyectos, dando lugar a una creciente conflictividad con empresas y con el propio Estado provincial en busca de su reconocimiento. Estos conflictos se intensifican particularmente en aquellos territorios donde no existe reconocimiento estatal de las tierras y falta de consentimiento colectivo para el desarrollo de actividades extractivas, como ocurre en las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc (Pragier, 2022). De acuerdo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (2025), Jujuy cuenta con 298 comunidades indígenas, de las cuales 178 tienen relevamientos territoriales concluidos, posicionando a Jujuy como la segunda provincia con mayor cantidad de comunidades en el país (Imagen 2). En este contexto, uno de los principales problemas es la superposición entre territorios comunitarios —muchos de ellos en proceso de reconocimiento formal— y áreas concesionadas para la actividad minera, lo que evidencia tensiones estructurales en la gobernanza del territorio. 

Imagen 2. Comunidades indígenas reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

Fuente: Extraído de la web oficial del Ministerio de Justicia de la Nación 2026.

Las comunidades que habitan estos espacios desarrollan actividades productivas de pequeña escala, como la cría de ovejas, cabras y llamas, la agricultura andina, la producción de tejidos y la extracción de sal— que dependen directamente del equilibrio de los ecosistemas altoandinos. Estas prácticas no sólo tienen un valor económico, sino que constituyen la base material y simbólica de formas de vida profundamente arraigadas en el territorio (Karasik y Machaca, 2016).

Para los pueblos originarios, principalmente Kollas y Atacamas, las demandas territoriales no pueden comprenderse sin atender a una historia más amplia de despojo, colonialidad e invisibilización en la construcción del Estado nación. Se trata de reclamos que combinan dimensiones históricas —como el reconocimiento de su preexistencia y de sus territorios ancestrales— con demandas contemporáneas vinculadas a los impactos socioambientales de las actividades extractivas. Entre ellas, se destacan problemáticas graves como la contaminación por metales pesados, evidenciada en casos como el de Abra Pampa, donde se registraron niveles elevados de plomo en sangre en población infantil (Castro Mariscal et al., 2010).

En términos ambientales, la degradación asociada a la actividad minera en Jujuy incluye la alteración de formaciones montañosas, la generación de pasivos ambientales, el drenaje ácido de mina —que contamina suelos, ríos y aguas subterráneas con metales pesados— y los riesgos de derrames tóxicos. Estos impactos han sido documentados en distintos estudios sobre centros mineros como El Aguilar (Kirschbaum et al., 2012) y Pan de Azúcar, donde se verifican efectos persistentes sobre los ecosistemas y las condiciones de vida de las poblaciones locales (Murray 2018, 2020).

Además de los efectos estrictamente ambientales, la expansión minera plantea interrogantes sobre sus consecuencias en la vida comunitaria y las economías locales. El establecimiento de enclaves extractivos no sólo implica riesgos de contaminación, sino también procesos de desestructuración social: pérdida de prácticas productivas ancestrales, transformaciones en los modos de vida y potenciales dinámicas de desarraigo. En este sentido, los impactos de la minería deben analizarse no sólo en términos ecológicos, sino también como procesos de reconfiguración territorial y cultural.

Nuevos y viejos impactos socioambientales de la minería

En Jujuy, la expansión minera actual se articula con una historia previa de explotación metalífera que dejó fuertes pasivos ambientales. A diferencia de otras provincias, la llamada “gran minería” de los años noventa no se expandió de forma masiva, sino que se concentró en pocos enclaves —como Pirquitas y El Aguilar— mientras que otros proyectos fueron abandonados, dejando contaminación persistente y escasos procesos de remediación.

En la Puna, la extracción de minerales como plomo, plata y zinc ha generado transformaciones socioambientales profundas, particularmente en relación con el agua y los sistemas productivos locales. Un caso emblemático es el del centro minero Pan de Azúcar, ubicado en la cuenca de Pozuelos, un área clave como reservorio hídrico. Tras el cierre de la mina en 1990, las instalaciones fueron abandonadas junto con sustancias tóxicas como el cianuro, generando contaminación por metales pesados en suelos, cursos de agua y vegetación. A más de tres décadas, el sitio continúa produciendo drenaje ácido sin medidas efectivas de control.

El caso de Pirquitas–Chinchillas muestra, en cambio, la continuidad y reconfiguración del modelo extractivo (Imagen 3). La transición hacia la explotación a cielo abierto y la ampliación a otra región intensificó los impactos ambientales y los conflictos sociales. Derrames de diques de cola, documentados y denunciados por comunidades locales, afectaron directamente la fauna y la producción agrícola y ganadera, así como las condiciones de vida en la región. Estos episodios, lejos de ser excepcionales, evidencian déficits estructurales en los mecanismos de control ambiental.

En conjunto, estos procesos muestran que la actual expansión minera no parte de un “territorio vacío”, sino de espacios ya atravesados por pasivos ambientales, conflictos previos y economías locales vulnerables. Los nuevos proyectos no sólo introducen riesgos adicionales, sino que se superponen con problemáticas históricas no resueltas, profundizando las tensiones en torno al agua, el territorio y las condiciones de vida en la Puna jujeña.

Imagen 3 Mina Chinchillas inicio en 2018 y fase de explotación en 2025

Fuente: Anónimo

Conflictos socioambientales en la cuenca de Pozuelos

Los conflictos socioambientales en Jujuy se vinculan principalmente con denuncias por vulneración de territorios comunitarios, ausencia de mecanismos efectivos de consulta y consentimiento y fuertes asimetrías de poder en los procesos de participación, acceso a la información y evaluación de impacto ambiental. En lo que va de 2026, se registraron al menos cuatro denuncias en este sentido, asociadas a cateos, exploraciones y explotaciones en territorios habitados.

En la cuenca de Pozuelos —un área de altísima relevancia ambiental por su carácter de humedal altoandino, declarado Sitio Ramsar y Reserva de Biosfera— estos conflictos adquieren una dimensión crítica. La laguna constituye un sistema hídrico clave en la Puna, con una extensión de más de 16.000 hectáreas, que alberga una biodiversidad única y funciona como hábitat fundamental para aves acuáticas, incluyendo especies de flamencos altoandinos. En este contexto ecológico frágil, la expansión minera tensiona directamente el acceso al agua y la sostenibilidad de los ecosistemas locales. 

Fuente: Parques Nacionales 2019

En agosto de 2025, siete años después del inicio de la explotación a cielo abierto de la mina Chinchillas, se realizó la “Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama”, que recorrió más de 300 km hasta San Salvador de Jujuy, visibilizando los impactos de la minería sobre el acceso al agua, las economías locales y el avance de nuevos proyectos (Imagen 4).

Imagen 4. Caminata de Mujeres agosto 2025

Fuente: Caminata de Mujeres en defensa de la Pachamama.

Los testimonios de las comunidades permiten dimensionar estos impactos en la vida cotidiana. Una comunera afectada por el proyecto Chinchillas relató: “Nosotros escuchamos claramente las bombas, las explosiones, el polvo y el ruido. Hoy no tenemos ambulancia, le dieron de baja. No hay medicaciones, vemos un abandono hacia las comunidades que hoy están con mineras”. Y agregó: “Si nos sentamos con la empresa y le decimos que necesitamos una ambulancia o un médico, porque debido al agua contaminada hay casos de diarrea y tos por el polvo de las explosiones, la empresa nos calla y cierra la mesa de diálogo”.

En este contexto, en enero de 2026 pobladores de la cuenca presentaron pedidos de informe ambiental ante el Ministerio de Minería de Jujuy, exigiendo información sobre el estado de los pasivos mineros y los riesgos asociados a la reactivación de proyectos como Pan de Azúcar y Eureka. Este último, actualmente en manos de la empresa britanica Ajax Resources, comprende un conjunto de licencias que abarcan unas 7.200 hectáreas e incluyen perforaciones en busca de oro y cobre. Desde el territorio, las preocupaciones se centran en la superposición entre nuevos proyectos y pasivos ambientales históricos no remediados. 

Florencia Solís, pobladora kolla y referente de la Asamblea de Mujeres en Defensa de la Pachamama, señaló: “La contaminación en Pan de Azúcar viene de hace muchos años, nunca se hizo un saneamiento, no se hizo ninguna curación de esa tierra que está envenenada, y ahora quieren volverla a explotar”. Sobre el avance del proyecto minero Eureka, agregó: “Me enteré de que ya hay máquinas trabajando, explorando, y es una gran preocupación para mí como productora, porque va a contaminar la Laguna de Pozuelos. Estoy luchando por esa laguna, para que esté sanita, nuestros animales, nuestros flamencos, nuestras gallaretas” (Imagen 5).

Imagen 5. Laguna de Pozuelos 

Fuente: Leo Armella 2025

El 14 de marzo de 2026 la Comunidad Kolla de Rinconada, también perteneciente a la cuenca de Pozuelos, denunció el ingreso sin autorización de una minera. La presidenta de la comunidad, Mirta Llampa, señaló directamente a la empresa Wicz Mining Consulting y al particular Daniel Alderete como los impulsores de un pedimento minero que intentaba avanzar sobre tierras que la comunidad ocupa ancestralmente, “Nosotros tenemos todos los papeles que acreditan que ese territorio corresponde a la Comunidad de Rinconada. Sin embargo, el gobierno está queriendo entregar nuestras tierras”, expresó. “No queremos que entre la minera a nuestro territorio porque cuidamos nuestra agua, que es sagrada para nosotros, nuestra biodiversidad, la flora, la fauna y nuestros animales… Estamos cansados, ellos insisten, insisten, y les decimos no. Ellos no respetan la decisión de una comunidad que tiene una presidenta, que tiene autoridades. Ellos solo atropellan, queremos que esta situación se visibilice porque no hay ningún acuerdo” para la presencia de la minera en este territorio, expresó.

Imagen 6. Comunidad Rodeo de la Puna de la Cuenca de Pozuelos

Fuente: Colectiva Agüita 2025

Estos conflictos no se limitan a la cuenca de Pozuelos, sino que se replican en otros territorios de la provincia, evidenciando un patrón más amplio de avance extractivo en contextos de débil consulta y creciente conflictividad. En la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, desde aproximadamente 2010 las comunidades denuncian intentos de desarrollo de proyectos de litio sin procesos de consulta previa ni consentimiento colectivo (Argento y Puente, 2019; Pragier, Novas y Christel, 2022).

El conflicto se reactivó en marzo de 2026, cuando comunidades de la cuenca denunciaron que la empresa Dajin Resources S.A., filial de la canadiense Dajin Resources Corp., estaría vulnerando derechos constitucionales y tratados internacionales al intentar unificar proyectos previamente rechazados e impulsar instancias de “monitoreo ambiental participativo” cuestionadas por su falta de legitimidad. Según las comunidades, estas estrategias buscan fragmentar la decisión colectiva mediante negociaciones individuales con “superficiarios”. Un comunero de Tusaquillas advirtió: “Nos llamó mucho la atención que, a pesar de la cautelar, de que no pueden avanzar las mineras, igual vemos que siguen llegando a nuestro territorio”. En este contexto, la defensa del agua como bien común y derecho colectivo se consolida como eje central de la conflictividad. 

Reflexión final

Los conflictos socioambientales en Jujuy muestran que la expansión minera no se despliega sobre territorios vacíos, sino sobre espacios habitados, con historia, organización y formas propias de relación con la naturaleza. Lejos de ser un hecho aislado, esta situación se repite en distintos puntos de la provincia, como en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, donde las comunidades vienen denunciando el avance de proyectos sin consulta ni consentimiento. En este contexto, el problema no se limita a los impactos ambientales de la actividad minera, sino que interpela de manera directa las formas de decisión sobre el territorio, el reconocimiento de las autoridades comunitarias y la vigencia efectiva de los derechos indígenas.

Así, lo que está en juego en Jujuy no es sólo un modelo de desarrollo, sino también los límites de la democracia en contextos de expansión extractiva. La insistencia de las comunidades en defender el agua, el territorio y sus formas de vida frente a proyectos que avanzan sin acuerdo colectivo revela una tensión persistente entre inversión, derechos y participación que continúa abierta.

Referencia Bibliográfica

Castro Mariscal, José Ricardo, Omar Nicolás Saavedra, Nora Raquel Wierna, Adrián José Martos, Miguel Ángel Rojas y María Gabriela Bovi Mitre. 2010. Metodología para caracterizar el riesgo en sitio contaminado: caso Abra Pampa (Jujuy, Argentina). Jujuy: INQA–Universidad Nacional de Jujuy.

Karasik, Gabriela, y Rolando Machaca. 2016. Kollas de Jujuy. Un pueblo, muchos pueblos. Jujuy: Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy.

Kirschbaum, A., Murray, J., López, E., Equiza, A., Arnosio, M., & Boaventura, G. 2012. The environmental impact of Aguilar mine on the heavy metal concentrations of the Yacoraite River, Jujuy Province, NW Argentina. Environmental Earth Sciences, 65(2), 493–504. https://doi.org/10.1007/s12665-011-1496-8

Murray, Juan Manuel, y Andrés Marcelo Kirschbaum. 2018. “Drenaje ácido en la Puna”. En La Puna argentina: naturaleza y cultura, 1–20. Tucumán: Fundación Miguel Lillo. Repositorio CONICET

Murray, Juan. 2020. Impacto ambiental de la mina Pan de Azúcar sobre el río Cincel y la laguna de los Pozuelos. Salta: Instituto de Bio y Geo Ciencias del NOA (IBIGEO), CONICET–Universidad Nacional de Salta.

Pérez-Rincón, Mario, Julián Vargas-Morales y Joan Martínez-Alier. 2019. “Mapping and analyzing ecological distribution conflicts in Andean countries”. Ecological Economics 157: 312–325.

Pragier, Deborah. 2022. Los pueblos indígenas frente a la explotación del litio en el norte argentino: comunidades similares, respuestas distintas. Tesis de doctorado, Universidad Nacional de San Martín. Repositorio Institucional UNSAM.

Pragier, Deborah, Mariano Axel Novas y Lucas Gabriel Christel. 2022. “Comunidades indígenas y extracción de litio en Argentina: juridificación y estrategias de acción”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 72. https://doi.org/10.17141/iconos.72.2022.5030

* Carla Wayar es Becaria doctoral CONICET y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Contadora Pública Nacional (UNJu), con posgrados en desarrollo económico (Universidad de Andalucía) y en memorias colectivas, género y derechos humanos (FLACSO). Docente universitaria en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Su trabajo se centra en la minería de litio, los conflictos socioambientales, las economías regionales y las desigualdades territoriales, con experiencia en proyectos asociativos junto a organizaciones indígenas, campesinas y cooperativas.