La crisis ambiental impactó en la sociedad de tal forma que se encuentra interpelada y presiona para un mayor involucramiento en los procesos decisorios. La sociedad incide en las políticas públicas y apunta a un mayor control del Estado para lograr un cambio en los procesos y en los hábitos. (De Vedia, 2020) Si bien se presenta una ciudadanía participativa y comprometida, se presentan obstáculos en el acceso a información, conocimiento y educación ambiental. Esto permite suponer que se requiere de herramientas de participación que habiliten la toma de decisión en espacios institucionales (Weissman, 2009). En este sentido, los procesos educativos y comunicacionales se han convertido en ejes centrales.

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