Por Santiago Sorroche*, Mariana Saidón** y Ana Stevanato***

El 1 de marzo del corriente año, el presidente Alberto Fernández abrió las sesiones anuales en el Congreso mencionando la intención de implementar políticas en torno a la economía circular, la promoción de inversiones en materia de recuperación de residuos, así como generar mejoras en la disposición final, señalando la importancia de atender la situación de quienes se desempeñan en condiciones de precariedad socio-laboral en estos ámbitos.

En la Argentina la gestión de los residuos es una potestad municipal. La misma se ha ocupado de dar a los residuos tres destinos posibles: basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios (con mayor o menor tecnología, por ejemplo, las plantas mecánico-biológicas, para el pre-tratamiento o el control de emisiones) y las plantas de clasificación de materiales. Los dos primeros casos, dominantes en el país, se orientan a lo que se denomina “disposición final” de materiales, lo cual puede asociarse a un enfoque de “economía lineal”, en tanto promueve la extracción de recursos para la producción, el consumo y, con los residuos que se generan, su eliminación. En cambio, la tercera alternativa, apunta al enfoque de “economía circular”, porque propone la recuperación de materiales (secos) para producir nuevos productos, o bien, (húmedos) para recomponer los suelos, en la mayoría de los casos sobreexplotados.

En años recientes, y en consonancia con un cúmulo de nueva normativa, múltiples municipios han emprendido prácticas orientadas a la economía circular. Sin embargo, se trata de políticas incipientes y con pocos resultados a gran escala, ya que no han logrado superar el hecho de que la mayor parte de los residuos son enviados a los basurales y rellenos.

Frecuentemente ocurre que los municipios continúan destinando la mayor parte de los recursos financieros al viejo sistema, orientado a la disposición final de residuos. Esto, sumado a que hay intereses en juego que muchas veces llevan a que algunos gobiernos prefieran mantener el statu quo, hace que la reconversión, el pasaje hacia la recuperación de materiales y a la inclusión social de recuperadores, no sea considerada como opción.

Esto llama la atención por una serie de razones. En primer lugar, las prácticas de economía lineal tienen un desempeño ambiental local negativo (en cuanto a contaminación de agua, suelo y aire) y global (en términos de gases de efecto invernadero). Esto se contrapone a las prácticas de la economía circular que promueven una menor explotación de los ecosistemas y generan menor contaminación. En segundo lugar, la economía circular permite generar nuevas cadenas de valor, en tanto la recuperación de materiales implica la promoción de nuevas industrias, que al mismo tiempo promueven empleo. Tercero, la recuperación de ciertos materiales permite evitar la importación de algunos insumos, que también generan el deterioro en las cuentas externas del país. Por último, la economía circular puede desarrollarse incorporando a recuperadores de residuos, o “cartoneros”, promoviendo condiciones de inclusión socio-laboral de un sector de la población que, de otro modo, podría no tener acceso a una fuente de ingresos.

Al respecto, las posibilidades de financiar la transición hacia un sistema de gestión de residuos con un nuevo enfoque requiere no solo del pasaje de recursos financieros desde el sistema de gestión de residuos dominante hacia su disposición final, sino también, algo que gana cada vez más consenso a nivel internacional: adjudicar un pago por los costos ambientales a las empresas que generan productos diseñados de manera tal que en su postconsumo producen residuos y sobre los cuales no se hacen cargo. Es decir, aplicar un cargo para internalizar los costos que, de otro modo, deben ser pagados por la sociedad en su conjunto.

En muchos países del mundo, quien elabora un producto y lo comercializa en un envase debe hacerse cargo de la recuperación de este envase, tanto para eliminar la contaminación como, también, para recuperar materias primas que en muchos casos no son renovables. Si no se hiciera cargo, este debe pagar para que otro actor lo gestione, priorizando la recuperación de los materiales. A esta idea se la denomina “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP).

Una adecuada normativa que se oriente a la REP permitiría limitar la utilización de algunos materiales cuya recuperación es dificultosa, y, por lo tanto, se suelen derivar a disposición final. Así, cumpliría con el objetivo de minimizar la generación de residuos y, con aquellos que no es posible hacerlo, fomentar la reutilización de materiales y/o su recuperación. 

En nuestro país existieron distintos proyectos de ley de envases. Los ha habido más inclinados hacia los intereses de las empresas y sus cámaras, de entidades de pequeñas empresas, de las organizaciones cartoneras, etc. Cada vez existe un mayor acuerdo entre los distintos actores involucrados acerca de la necesidad de una ley REP, que debe ser manejada desde el nivel nacional (considerando, por ejemplo, que los productos circulan por todo el territorio del país) y cuyos recursos deben destinarse a los municipios, encargados de la gestión de residuos, en función de sus requerimientos para avanzar hacia un enfoque de economía circular e inclusión social.

Resta terminar de alcanzar acuerdos acerca de cómo esta ley puede sancionarse e implementarse, garantizando el pago por los costos ambientales generados por parte de los productores, su adecuación a un contexto local en donde no se puede perder de vista el rol y las necesidades de los recuperadores (de mejorar sus ingresos y condiciones y derechos laborales), y no afectar a pequeñas empresas con el aumento de costos por pago de REP.

Que la economía circular y la cuestión de los residuos hayan entrado en agenda es una oportunidad para propiciar el traspaso de recursos desde un viejo enfoque de gestión de residuos, hacia uno mucho más prometedor en términos económicos, sociales y ambientales y para generar la aprobación de una tan esperada ley REP que permita su sostenibilidad.

* Antropólogo CITRA-UMET/UBA/UNLZ/CONICET
** Economista, AAP,EPyG, UNSAM / UBA /CONICET
***Politóloga, AAP, EPyG, UNSAM / CONICET