AMBIENTE Y POLÍTICA ORGANIZÓ EL 1º FORO POR LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA «HACIA LA DEMOCRACIA AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA»

Mariano Novas y Eduardo Verón estuvieron a cargo de la organización del foro y moderaron las mesas “Justicia ambiental y derechos humanos” e “Identidad, territorio y naturaleza”, respectivamente. La primera mesa contó con la participación de Paula Alvarado (abogada especialista en derechos Indígenas), Leonardo Grosso (diputado nacional y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano), Alfonso Rodríguez Linares (diseñador territorial colombiano) y Verónica Sacta (activista política, ambientalista internacional y abogada ecuatoriana). Por su parte, la segunda mesa contó con la participación de Silvia Aidelman (integrante del Círculo de Soberanía Alimentaria de la UNSAM), Rayen Estrada Pacheco (investigadora CONICET y especialista del Programa de Conservación del Cóndor Andino), Kusi Ñawi (Mink’akuy Tawantinsuyupaq), Teresa Pérez (integrante del Bosque urbano) y Wüsüwül Wirka a Pana (referente Günün a kuna).
El foro se llevó a cabo en conmemoración de los 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina y del Día de la Madre Tierra. Con relación a la democracia, el cumplimiento efectivo de derechos sociales vinculados a la información y participación ciudadana sobre asuntos ambientales es un tema pendiente, no solo en Argentina, sino también en el resto de la región. Con relación al Día de la Madre Tierra, América Latina y el Caribe se encuentran entre las regiones más afectadas por el agotamiento de sus bienes naturales y la degradación climática y ambiental. Relacionado con ambas cuestiones, líderes ambientales latinoamericanos y caribeños suelen ser víctimas de distintas formas de violencia y persecución. En ese sentido, el foro se lleva a cabo en el marco de la COP2 de Acuerdo de Escazú. Este último es el primer tratado regional de derechos ambientales sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El acuerdo busca dotar de mecanismos de participación ciudadana de carácter vinculante a las democracias latinoamericanas y caribeñas para afrontar los desafíos ambientales contemporáneos.